Camacho y Pumari continúan detenidos tras audiencia suspendida
El Procurador General del Estado afirma que no corresponde su liberación al estar acusados por delitos contra la seguridad del Estado. La audiencia de medidas cautelares se suspendió y se reanudará el martes 26 de agosto.
La justicia delibera sobre las medidas cautelares
El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz instaló la audiencia el lunes 25 de agosto de 2025 para considerar las medidas cautelares de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el caso golpe I, relacionado con la crisis de 2019. Sin embargo, después de dos horas se suspendió hasta las 08:45 del martes. La suspensión se debió a un incidente presentado por la defensa de la denunciante, la exdiputada Lidia Patty.
Postura firme del Estado
El procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, se opone a cualquier medida sustitutiva. Explicó que «no corresponde su liberación» porque el caso está en etapa de juicio oral y «aquellos que son procesados por delitos contra la seguridad del Estado no puede acceder a medidas sustitutivas», dado que ambos fueron acusados de terrorismo.
La perspectiva de la defensa
El abogado de Pumari, Diego Gutiérrez, informó que, de ser positiva la resolución en La Paz, aún queda un proceso en Potosí por delitos electorales. Señaló que «suponemos que a más tardar el miércoles se debe definir audiencia para la resolución de la misma, después de eso Marco Pumari podría irse a su casa».
Un pasado de múltiples procesos
Luis Fernando Camacho tiene tres detenciones preventivas activas: una por el caso golpe I (reclusión en Chonchocoro desde diciembre de 2022), otra por el paro de 36 días por el censo, y una tercera con detención domiciliaria por el caso carro bombero y decretazo. Marco Pumari enfrenta un segundo proceso en Potosí por la presunta quema del TED, que también está en juicio oral.
Un cierre pendiente de resolución
La situación judicial de ambas figuras políticas depende de la resolución que emita el tribunal, la cual se espera para la mañana del martes. La postura del Estado es firme en mantener las detenciones, mientras que la defensa busca su liberación, lo que define un escenario de incertidumbre legal inmediata.
