Abogados de Camacho y Pumari rechazan declaraciones del Procurador del Estado
Los letrados acusan a Ricardo Condori de «desconocer de derecho». Los defensores cuestionan sus argumentos sobre la cesación de la detención preventiva en casos de terrorismo. Los hechos ocurren en el marco de las audiencias por los casos de sus defendidos.
Un cuestionamiento técnico
Los abogados defensores Martín Camacho y Diego Gutiérrez han rechazado las declaraciones del Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola. Condori argumentó que no corresponde la cesación de la detención preventiva en casos de terrorismo. Martín Camacho calificó al procurador como una persona que «desconoce de derecho» y lo acusó de ser un perseguidor de los líderes cruceños. Según el abogado, el procurador confunde la figura de la cesación de la detención con la revisión de los plazos, que se lleva a cabo conforme al artículo 250 del Código de Procedimiento Penal. Gutiérrez sostuvo que las declaraciones demuestran un «desconocimiento de la norma».
Confianza en el tribunal
A pesar de la suspensión de la audiencia, Martín Camacho expresó optimismo. Destacó la actuación «imparcial y diligente» del tribunal y afirmó que hay «buena voluntad de los jueces» para resolver el caso. El abogado se mostró confiado y aseguró que «mañana tendremos un resultado favorable» que podría significar la liberación de su defendido, Luis Fernando Camacho.
Un proceso judicial en desarrollo
El contexto se enmarca en los procesos judiciales contra Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, líderes cruceños. La Procuraduría General del Estado, bajo el mando de Ricardo Condori, mantiene una postura firme contra la cesación de la detención preventiva en estos casos, lo que ha generado una confrontación técnica con los equipos de defensa.
La espera continúa
El desenlace de la audiencia, pospuesta, determinará la situación legal de los detenidos. La postura de los abogados defensores y la del Procurador del Estado reflejan una disputa legal sobre la interpretación de las figuras jurídicas aplicables, cuya resolución queda en manos del tribunal.