Viceministra Arraya califica de política la revisión de detenciones del TSJ
La autoridad pidió extender la medida a todos los reclusos preventivos, que son el 60% de la población carcelaria. Cuestionó la instrucción judicial por centrarse solo en tres casos de alto perfil. La audiencia para revisar las medidas está prevista para el lunes en La Paz.
Una decisión con sello político
La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, afirmó que la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar en 24 horas las detenciones preventivas de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari «es más una medida política». Sostuvo que, al aplicarse solo a tres detenidos, la medida debería extenderse a toda la población recluida en esa situación.
El alcance de la medida judicial
Arraya destacó que las detenciones preventivas suponen aproximadamente el 60% de la población privada de libertad en las cárceles de Bolivia. En alusión a los tres casos, pidió que se tomen en cuenta los informes internacionales sobre los hechos de 2019, que son la base de los procesos judiciales en su contra.
Las audiencias y las peticiones de libertad
El TSJ instruyó a los tribunales departamentales para que informen sobre estos procesos y el cumplimiento de los plazos legales. Arraya, respetando la independencia del Órgano Judicial, declaró: «nosotros respetamos y respetaremos cual sea la decisión que se tome el día lunes». Las defensas de Camacho y Pumari ya anunciaron que pedirán su libertad irrestricta.
Un sistema bajo revisión
El Código de Procedimiento Penal establece que la detención preventiva no debe extenderse por más de seis meses. La instrucción del TSJ pone bajo escrutinio el cumplimiento de este plazo en procesos judiciales de alto impacto político y social en el país.
Un paso más en procesos prolongados
La eficacia de la revisión ordenada por el TSJ y su posible ampliación a otros reclusos dependerá de la decisión que tomen los tribunales en las audiencias programadas, marcando un posible punto de inflexión en el manejo de las detenciones preventivas en Bolivia.
