TSJ ordena revisar plazos de detención preventiva de opositores
El Tribunal Supremo de Justicia instruye verificar los plazos de detención de Camacho, Áñez y Pumari. En paralelo, la justicia avanza con procesos contra el exministro Alan Lisperguer y el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, en un contexto de transición y elecciones.
La justicia en movimiento
El aparato judicial de Bolivia activó una serie de procesos que alcanzan a actores políticos. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó revisar los plazos de las detenciones preventivas de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Asimismo, se avanzó en la imputación por enriquecimiento ilícito del exministro Alan Lisperguer y se inició una investigación contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por el caso Botrading.
Revisión de detenciones opositoras
El TSJ ordenó a los tribunales verificar de oficio el cumplimiento de los plazos establecidos en los procesos. Los abogados de los opositores advierten que ya cumplieron con el máximo de seis meses que establece la normativa. La expresidenta Jeanine Áñez declaró: «No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho». Se convocó una audiencia para el lunes para considerar la situación jurídica de Camacho y Pumari.
Procesos contra funcionarios y exfuncionarios
El exministro Alan Lisperguer fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes. La justicia dictó su detención domiciliaria y el pago de una fianza. En paralelo, la Fiscalía investiga al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y a otros funcionarios por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en el caso de importación de combustible de Botrading.
Un país en transición judicial
Estos procesos judiciales se desarrollan en un contexto de elecciones generales y transición en Bolivia, donde las investigaciones alcanzan tanto a figuras de la oposición como a funcionarios y exfuncionarios del oficialismo.
El camino judicial por delante
La evolución de estos procesos marcará la situación legal de varios actores políticos clave. La revisión de las detenciones preventivas y el avance de las investigaciones por presuntos delitos económicos dependerán de los plazos y resoluciones del sistema judicial boliviano.