Defensor del Pueblo aboga por celeridad para 58% de detenidos preventivos
Pedro Callisaya solicita revisión de plazos para más de 19.000 internos sin sentencia. El pronunciamiento se produce tras una instructiva del TSJ que ordena revisar específicamente los casos de Áñez, Camacho y Pumari. La petición busca garantizar el debido proceso para todos los detenidos.
Un llamado a la igualdad ante la ley
El titular de la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya, publicó un pronunciamiento abogando por la celeridad en los procesos penales del 58,2% de privados de libertad que están encarcelados preventivamente sin una sentencia. Esto representa a más de 19.000 personas de un total de 33.275 internos. Callisaya afirmó que «garantizar el debido proceso (…) es un compromiso ético con los derechos fundamentales».
La instructiva del TSJ
El pronunciamiento se hizo horas después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitiera una instructiva para que los jueces revisen los plazos procesales en los casos de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. El TSJ dio un plazo de 24 horas para esta verificación.
Los tiempos de detención
Jeanine Áñez está detenida desde marzo de 2021, Marco Pumari desde diciembre del mismo año y Luis Fernando Camacho está recluido desde diciembre de 2022. Su principal proceso está relacionado con el supuesto golpe de Estado de 2019 y la renuncia de Evo Morales.
Posturas encontradas
El abogado de Camacho, Martín Camacho, aseguró que su defendido y los otros dos están encarcelados de manera ilegal, argumentando que la ley establece un tiempo máximo de detención preventiva de seis meses sin condena. Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dijo respetar la instructiva del TSJ pero coincidió con el Defensor en que «sería bueno» que la misma orden se aplique a todos los detenidos preventivos en el país.
Un sistema bajo presión
El contexto muestra un sistema judicial con una alta proporción de personas en prisión preventiva, lo que supone una carga para el aparato de justicia y para las cárceles del país. La instructiva del TSJ sobre tres casos de alto perfil político ha puesto el foco en esta situación generalizada.
La justicia en el banquillo
El desarrollo de estos casos y la aplicación de la instructiva del TSJ pondrán a prueba la capacidad del sistema judicial para garantizar el debido proceso y la celeridad para todos los ciudadanos, sin distinción, marcando un precedente significativo en la administración de justicia en Bolivia.
