TSJ ordena revisar detención preventiva de Camacho, Áñez y Pumari

El Tribunal Supremo de Justicia instruyó verificar el cumplimiento de plazos de las detenciones. La medida, emitida el 21 de agosto de 2025, da 24 horas para revisar la legalidad de las privaciones de libertad de tres figuras opositoras, cuyos abogados alegan que han excedido los plazos razonables establecidos por ley.

Una revisión de plazos ordenada

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó la verificación del cumplimiento de plazos de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el excívico potosino Marco Antonio Pumari. Los equipos jurídicos de los tres opositores se refirieron al lapso que permanecen recluidos sin una resolución de los procesos.

Los casos en detalle

Jeanine Áñez permanece detenida desde marzo de 2021. Su abogado defensor, Luis Guillén, sostuvo que son cuatro años y medio los que la expresidenta se mantiene recluida, enfrentando «9 procesos en la vía ordinaria de forma ilegal». Actualmente, guarda detención domiciliaria en uno de ellos.

Luis Fernando Camacho fue detenido a finales de diciembre de 2022. Según su abogado, Martín Camacho, suma 968 días detenido por el caso de la crisis de 2019 y 848 días por el proceso del paro de 36 días. «Estamos próximos a cumplir 3 años en diciembre», sostuvo.

Marco Antonio Pumari cumple 3 años y medio de detención preventiva en dos procesos, uno en Potosí y otro en La Paz. Su abogado, Diego Gutiérrez, señaló que en ambos casos se va a pedir la libertad pura y simple, al considerar que ya ha excedido ampliamente el plazo de 18 meses establecido para delitos graves.

Antecedentes de una prolongada detención

Las tres figuras de oposición enfrentan diferentes procesos judiciales y están detenidas en cárceles de occidente. Los abogados defensores coinciden en que las detenciones han excedido el plazo razonable que, según la legislación boliviana, es de 6 meses para la detención preventiva.

A la espera de una revisión judicial

La eficacia del instructivo del TSJ dependerá de su aplicación en los próximos días, determinando si las detenciones preventivas se mantienen o se revierten tras la revisión de plazos ordenada. El impacto inmediato recae en la situación jurídica de los tres opositores detenidos.