TSJ ordena revisar plazos de detención de Añez, Camacho y Pumari
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, emitió un instructivo que establece un plazo de 24 horas para que los tribunales verifiquen el cumplimiento de los plazos de detención preventiva. La medida busca garantizar el debido proceso y se aplica a todos los ciudadanos con procesos penales en el país.
Una revisión urgente y de oficio
El Instructivo Nº 18/2025, fechado el 22 de agosto de 2025, ordena a todos los Tribunales Departamentales de Justicia revisar de manera inmediata los plazos de detención. La instrucción subraya que esta revisión debe realizarse “inclusive de oficio”, lo que significa que los jueces deben actuar sin necesidad de una solicitud formal de las partes.
Fundamento legal de la medida
El abogado Josué Germán Flores explicó que el instructivo busca garantizar el cumplimiento de los plazos procesales, ya que, según el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal, ningún proceso penal debe exceder los tres años desde su apertura. Destacó que la detención preventiva no puede ser indefinida.
Repercusión para el ciudadano
Flores calificó la medida como “aplaudible” debido a que busca respetar el debido proceso y los derechos de todos los ciudadanos que estén sometidos a procesos penales en el país, asegurando que todo proceso tenga una duración máxima.
El marco de los plazos procesales
La normativa boliviana establece, a través del Código de Procedimiento Penal, que la detención preventiva tiene un límite temporal. El artículo 134 estipula claramente que ningún proceso penal debe exceder los tres años desde su apertura, un principio legal que el TSJ ahora instruye verificar de oficio.
Un paso hacia el cumplimiento del debido proceso
La instrucción del máximo tribunal judicial busca uniformar el criterio de los jueces en todo el país para evitar que los plazos de detención preventiva se extiendan más allá de lo permitido por ley. Esto implica una supervisión activa del sistema judicial sobre sus propios procedimientos para garantizar los derechos fundamentales.
