Marco Pumari denuncia corrupción judicial en detenciones preventivas
El 58,2% de los presos en Bolivia son preventivos, según la Defensoría del Pueblo. El exdirigente cívico acusa a jueces, fiscales y abogados de lucrar con estas detenciones. La denuncia surge tras la decisión del TSJ de revisar su caso y los de Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez.
Una justicia articulada para el lucro
Marco Pumari denunció públicamente que grupos corporativos de algunos jueces, fiscales y abogados se articulan para lucrar con el dolor de las familias. Afirmó que las detenciones preventivas «se monetizan más allá de las leyes y la propia CPE», basándose en su experiencia personal dentro del sistema.
Los casos emblemáticos
La situación de Pumari, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez podría cambiar la próxima semana, cuando se ventilen audiencias de cesación de detención preventiva. Los tres acusados celebraron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de permitirles objetar la retardación de justicia.
Las cifras de una crisis carcelaria
La Defensoría del Pueblo aportó el dato concreto: hasta junio de 2025, el 58,2% de 33.275 privados de libertad en Bolivia son detenidos preventivos. Estos ciudadanos se encuentran a la espera de que sus procesos sean revisados dentro de los plazos legales de tramitación establecidos por ley.
El caso de Pumari
Marco Pumari fue capturado el 9 de diciembre de 2021, supuestamente por incendiar el tribunal electoral de Potosí. Su aprehensión se realizó sin una orden, una irregularidad que fue justificada por la fiscal departamental de entonces. Lleva 44 meses como detenido preventivo sin que se haya dictado sentencia, superando ampliamente los plazos legales.
Un marco legal que no se cumple
El Código de Procedimiento Penal (CPP) establece plazos máximos para la detención preventiva: no puede exceder los 18 meses sin acusación y los 36 meses sin que finalice el juicio. El caso de Pumari, que ya acumula 44 meses, es un ejemplo claro del incumplimiento sistemático de estos plazos, una situación que afecta a miles de bolivianos.
Un sistema bajo presión
El contexto muestra un sistema judicial con una alta proporción de personas encarceladas sin condena firme, lo que evidencia una potencial crisis de funcionamiento y respeto a los plazos procesales. La denuncia de Pumari pone el foco en las posibles prácticas corruptas que perpetuarían esta situación.
La justicia en el banquillo
La revisión de estos casos emblemáticos por parte del TSJ pone a prueba la capacidad del sistema para autorregularse y garantizar los derechos fundamentales. El resultado de estas audiencias podría sentar un precedente significativo para la situación de miles de detenidos preventivos en el país.
