Concejala Terrazas rechaza recurso contra ediles cruceños
La concejala califica la acción legal como una amenaza a sus funciones. Un abogado solicitó al Tribunal Constitucional iniciar procesos por presunto desacato. El conflicto surge por un proyecto de ley sobre el predio del mercado Mutualista.
Un recurso que se interpreta como amenaza
La concejala Lola Terrazas rechazó el recurso presentado por el abogado Waminqa Serrano, quien representa a la familia Crapuzzi. Terrazas calificó la acción como «una amenaza al ejercicio de sus funciones como legisladores». El recurso denunciaba ante la Sala Tercera del Tribunal Constitucional un intento de desacato por parte de los concejales.
La petición del abogado
El letrado no solo denunció el intento de desacato, sino que también solicitó que se inicie una investigación penal contra el concejal proyectista y otros ediles que respalden la normativa en cuestión.
La defensa de las funciones legislativas
Terrazas defendió el trabajo del Concejo Municipal, argumentando que «sus funciones están amparadas en el Reglamento Interno del Concejo Municipal, las leyes y la Constitución Política del Estado». Anunció que presentará un memorial solicitando el rechazo a la petición del abogado Serrano.
El proyecto de ley en el centro del conflicto
El conflicto se origina por un proyecto de ley presentado por el concejal Rolando Pacheco, que busca declarar el predio del mercado Mutualista como bien público. El proyecto obtuvo respaldo y fue derivado a la Comisión de Constitución para su análisis.
Un trasfondo de intereses contrapuestos
El conflicto legal surge de un proyecto de ley que pretende modificar el estatus jurídico de un predio municipal, el mercado Mutualista, enfrentando la posición del Concejo Municipal con los intereses de una familia propietaria que recurre a la vía legal para oponerse.
El conflicto se traslada al Tribunal Constitucional
La resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso de desacato y la posible investigación penal determinará el curso del proyecto de ley y marcará un precedente sobre los límites de la función legislativa municipal frente a intereses privados.
