Economistas declaran inviable propuesta de incrementar la Renta Dignidad
Expertos advierten que la medida requeriría 700 millones de bolivianos mensuales. La oferta del candidato vicepresidencial del PDC, Edman Lara, carece de sustento financiero según análisis de economistas en Tarija.
Un costo económico insostenible
Dos economistas coincidieron en que el incremento de la Renta Dignidad de Bs 350 a Bs 2.000 es inviable. Roberto Jordán, economista y ex docente de Kansas State University, afirmó que ese nuevo gasto no tiene ningún sustento porque se necesitarían Bs 700 millones al mes para aproximadamente 2 millones de beneficiarios. Jordán señaló que «habría que imprimir más dinero en efectivo para cubrir ese gasto».
Falta de financiamiento estatal
Víctor Hugo Figueroa, economista y ex presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, coincidió en que la propuesta no es factible por falta de financiamiento. Mencionó que eliminar la renta vitalicia a expresidentes no generaría recursos suficientes, calculando que los ocho expresidentes que sobreviven reciben Bs 160.000 mensuales en total.
La postura política dividida
Mientras el candidato vicepresidencial Edman Lara promueve el incremento, el candidato presidencial del PDC, Rodrigo Paz Pereira, mostró dudas. Paz Pereira declaró que existe la voluntad política pero «hay que ver las cifras», condicionando la medida al estado de las finanzas públicas que deje el actual gobierno.
Una política social en crecimiento
La Renta Dignidad ha experimentado un crecimiento sostenido en cobertura y presupuesto. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, los beneficiarios aumentaron de 752.338 personas en 2008 a 1.209.316 en 2023, mientras el presupuesto creció de Bs 1.615 millones a Bs 5.060 millones en el mismo periodo. Para 2025 se proyectan 1.296.543 adultos beneficiados con un presupuesto de Bs 5.529 millones.
Un futuro condicionado a la realidad económica
La viabilidad de implementar el incremento propuesto depende directamente de la capacidad financiera del Estado boliviano. Los análisis técnicos indican que la medida requeriría una asignación de recursos muy superior a la actual, lo que plantea serios desafíos económicos para su posible ejecución.
