Informe de EEUU denuncia violación de derechos humanos de Camacho
El Departamento de Estado de EEUU concluye que hubo violación al debido proceso. El informe, emitido el 12 de agosto, documenta abusos estructurales en Bolivia. El Gobierno boliviano rechazó categóricamente el contenido del reporte.
Un informe con impacto internacional
El reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación global de los derechos humanos puso sobre la lupa el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El documento, enviado al Congreso estadounidense el pasado 12 de agosto, denuncia “abusos estructurales” vinculados a tortura, detenciones arbitrarias, persecución judicial y restricciones a la libertad de prensa.
El caso del gobernador
En un apartado específico, el informe señala que el gobernador presenta un deterioro constante en su salud debido a las condiciones de su encierro. Además, se remarca un episodio ocurrido en marzo de 2024, cuando se suspendió su traslado a una audiencia «en violación de la orden del juzgado de sentencia».
Repercusión para el ciudadano
El documento advirtió que, pese a la vigencia constitucional de derechos y garantías, ningún funcionario ha sido sancionado por violaciones a los derechos humanos en los últimos años, lo que refuerza la percepción de impunidad. El informe también subraya problemas estructurales como tortura en cárceles y 47 agresiones a periodistas en 2024.
Posiciones enfrentadas
El equipo legal de Camacho celebró la inclusión de su caso, asegurando que el documento «ha constatado las violaciones a los derechos humanos» y que los funcionarios «pronto responderán ante la justicia local e internacional». Por el contrario, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano rechazó categóricamente el informe, calificándolo de «unilateral, carente de rigor, objetividad y validez», y sostuvo que responde a una visión «intervencionista».
Un reporte con historia
Los informes de Estados Unidos sobre la situación de Derechos Humanos se publican cada año desde 1977 por mandato del Congreso de EEUU. Cubren a todos los países miembros de la ONU y se nutren de varias fuentes, entre las que destacan ONG especializadas de varios países del mundo.
Un asunto que trasciende fronteras
La situación descrita en el informe internacional coloca el caso bajo el escrutinio de la comunidad global. Las conclusiones del Departamento de Estado y el rechazo del Gobierno boliviano reflejan una divergencia profunda en la evaluación del estado de los derechos fundamentales en el país.
