Personas con discapacidad enfrentan barreras en la justicia boliviana
El 70% de los entrevistados renunciaría a buscar justicia debido a obstáculos físicos y actitudinales. Una investigación de la UPDS evidencia la vulneración de este derecho fundamental a pesar del marco legal vigente.
Un sistema judicial inaccesible
La investigación “Vulneración del derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad visual y auditiva en Bolivia”, desarrollada por Yhostin Gary Plata Quisbert, identifica barreras físicas, comunicacionales y actitudinales. El estudio documenta la ausencia de señalización en braille, la inexistencia de aceras podotáctiles y la falta de formatos accesibles para la información procesal.
La brecha entre la ley y la realidad
Jenny Quiroga, coordinadora de investigación de la UPDS, afirma que la Constitución Política del Estado (CPE) y normas conexas consagran la protección integral y prohíben cualquier forma de discriminación. Sin embargo, estas garantías aún no se reflejan en el funcionamiento cotidiano del sistema judicial, dejando a este grupo en situación de indefensión.
Desconfianza y prejuicios institucionales
Un problema profundo es la desconfianza institucional hacia la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Este prejuicio, según Plata, “limita su autonomía y las deja en una situación de indefensión dentro de un sistema que debería protegerlas”.
Un marco de derechos incumplido
Bolivia cuenta con una Constitución que garantiza la igualdad y ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas. Este marco obliga al Estado a eliminar barreras y garantizar ajustes razonables en los procesos judiciales, promoviendo una cultura basada en la igualdad.
Una oportunidad en el horizonte político
La investigación adquiere relevancia en el contexto de la próxima elección de autoridades nacionales. Según Quiroga, este es un momento para configurar nuevos marcos normativos que asuman el principio de progresividad de los derechos humanos. Las nuevas autoridades tienen el desafío de impulsar políticas que consoliden una inclusión más efectiva.
