Grupo Minero Sinchi Wayra denuncia avasallamiento violento de cooperativas
Más de 800 jornaleros tomaron una operación minera privada con dinamita. La empresa solicita intervención urgente de autoridades para preservar vidas. Los hechos ocurrieron en Potosí durante la madrugada del 21 de agosto.
Una toma planificada con violencia
De acuerdo con la denuncia, la acción, indudablemente planificada con anticipación, comenzó en la madrugada de este jueves en el sector de La K’asa, en la ciudad de Potosí. Centenares de personas de las cooperativas Villa Imperial, 9 de Abril y Unificada se congregaron desde las 4 de la mañana. Los “avasalladores”, organizados por la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí, iniciaron la toma con la detonación de dinamita e incendiaron los pastizales del sector.
El riesgo inminente de un enfrentamiento
Sinchi Wayra advierte sobre la posibilidad de un enfrentamiento que podría tener consecuencias dramáticas. La concesión minera está resguardada pacíficamente por trabajadores sindicalizados, que son asediados por los invasores. La empresa pide a las autoridades que ejerzan sus funciones «con la premisa de evitar confrontaciones» y garanticen la pacificación de la zona.
Preocupación por la inacción estatal
La empresa manifestó su inquietud por “el silencio y la pasividad cómplices del Ministerio de Minería”, que a pesar de tener conocimiento de los hechos, ponen en riesgo la seguridad y la vida de centenares de personas. Los trabajadores y sindicatos exigen a las autoridades que se acabe la inseguridad jurídica y se priorice la pacificación.
Un patrón que se repite
El avasallamiento violento comenzó el martes de la semana pasada en la vecina mina de Andacaba, con fallecidos y heridos. La acción del 21 de agosto en la operación Reserva parece ser una acción destinada a tomar más minas privadas aprovechando el momento de transición que vive el país.
Un llamado al estado de derecho
La repercusión para el ciudadano se centra en la demanda de seguridad jurídica y estabilidad laboral. Los trabajadores exigen que se garantice el cumplimiento a la normativa vigente y el respeto a la actividad privada legalmente establecida, actuando con imparcialidad y sin los privilegios que, según ellos, tiene el sector cooperativista.
