Jueza suspende contratos del litio por falta de evaluación ambiental
Una jueza agroambiental de La Paz ordena a la Asamblea Legislativa paralizar el tratamiento de los contratos con empresas de China y Rusia. La medida, solicitada por la Defensoría del Pueblo, busca proteger a los habitantes del Salar de Uyuni y el medioambiente hasta que se cumplan una serie de condiciones.
Condiciones para desbloquear la explotación
La magistrada estableció requisitos estrictos para que los contratos puedan volver a tratarse en la Asamblea. Primero, se debe realizar un estudio de impacto ambiental estratégico, con especial atención a los recursos hídricos. En segundo lugar, se exige un estudio específico sobre las aguas fósiles de la región. Como tercer punto, la jueza instruyó que se realice un proceso de consulta previa, libre e informada con los habitantes del área que se vería afectada por los proyectos.
El rol de la Defensoría y la postura oficial
El proceso legal fue activado por la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, Pedro Callisaya, aclaró que la institución «no está en contra de ninguna iniciativa económica» pero considera imperativo que se respeten los Derechos Humanos y ambientales. Esta decisión judicial contrasta con el argumento previo del Gobierno, que había manifestado que no se podía realizar la evaluación de impacto ambiental porque aún no se conocía la ubicación exacta de los proyectos.
Un recurso bajo lupa
El litio en el Salar de Uyuni es considerado un recurso estratégico de gran valor económico para Bolivia. Su explotación genera constantes debates entre el potencial desarrollo económico que ofrece y la necesidad imperante de proteger el frágil ecosistema de la región y los derechos de las comunidades locales que habitan en ella.
La explotación queda a la espera
La explotación del litio queda supeditada al cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales impuestas por la justicia. El avance de los proyectos con las empresas CBC de China y Uranium de Rusia dependerá ahora de la realización de los estudios y del proceso de consulta, lo que pospone indefinidamente su tratamiento legislativo.
