Shell Bolivia inicia disputa contra el Estado por daños millonarios

La empresa reclama cientos de millones de dólares en compensación. Acusa al Estado de abuso de autoridad, anulación ilegal de un laudo arbitral e incumplimiento de pagos. La notificación formal se realizó el 5 de agosto, iniciando un periodo de seis meses para negociaciones.

Un conflicto que estalla

Shell Bolivia Corporation (SBC) ha iniciado formalmente una disputa contra el Estado Plurinacional de Bolivia. La empresa alega que el país, a través de sus órganos estatales, adoptó medidas ilegales que vulneran los derechos del inversor bajo el tratado y el derecho internacional, causándole pérdidas económicas significativas.

Los cargos concretos

La compañía petrolera enumera una serie de vulneraciones. Acusa al Estado de abuso de autoridad pública en relación con los contratos de operación, diseñadas para “reducir los rendimientos y la rentabilidad de la inversión del inversor, con el fin de favorecer a YPFB”. También denuncia que los tribunales bolivianos “anularon ilegalmente” un laudo arbitral legítimo dictado a favor de SBC.

Incumplimientos y venta ilegal

Otras acusaciones incluyen el incumplimiento de obligaciones de pago de varios millones de dólares por parte de YPFB, la negativa a emitir documentación legalmente requerida y que YPFB vendiera ilegalmente miles de barriles de crudo propiedad de SBC sin autorización.

Una persecución judicial denunciada

SBC señala que diversos órganos de justicia de Bolivia “han mantenido una persecución maliciosa e ilegal” contra la empresa y cinco de sus empleados. Afirma que esta persecución se produjo a través de acciones penales sin sustento, facilitando procedimientos penales arbitrarios e ilícitos iniciados en un intento de extorsión.

Antecedentes de tensión

El conflicto se enmarca en las operaciones de la empresa en el país bajo contratos comerciales con YPFB. Las acusaciones de SBC se fundamentan en un Tratado que prevé la no adopción de medidas arbitrarias o discriminatorias y la protección contra expropiaciones directas e indirectas.

Un camino hacia la negociación o el arbitraje

Con la notificación formal, se inicia un periodo de seis meses para que las partes negocien y realicen consultas. De no llegarse a un acuerdo, la disputa por la compensación de cientos de millones de dólares podría escalar a un tribunal arbitral internacional.