Uruguay debate convertirse en el tercer país de América en legalizar la eutanasia activa
El proyecto de ley permitiría la muerte asistida para adultos con enfermedades incurables. La votación en la Cámara de Diputados podría aprobarse esta semana, siguiendo el modelo de Canadá y Colombia. El texto incluye salvaguardas como la evaluación médica y está respaldado por partidos mayoritarios.
«Un paso histórico hacia la autonomía del paciente»
El proyecto de «Muerte digna» despenalizaría la eutanasia activa para mayores de edad con enfermedades terminales o sufrimientos insoportables, siempre que sean «psíquicamente aptos». Uruguay sería el tercer país americano en regularlo, tras avances judiciales en Colombia (1997) y legislativos en Canadá (2016). El procedimiento requeriría la autorización de dos médicos y, en caso de discrepancia, la intervención de una junta médica.
Apoyos y resistencias
La iniciativa cuenta con el respaldo del oficialista Frente Amplio y sectores del Partido Colorado, pero enfrenta oposición del Partido Nacional y grupos conservadores. El 57% de los diputados lo aprobaron en 2022, aunque luego quedó estancado en el Senado. La nueva versión incorpora ajustes para garantizar consenso médico y acceso exclusivo a residentes legales.
De la voluntad anticipada a la eutanasia
Uruguay ya permitía desde 2009 que pacientes terminales rechazasen tratamientos, pero el caso de Fernando Sureda, enfermo de ELA en 2019, relanzó el debate. En 2023, el país también universalizó los cuidados paliativos, aunque solo el 41% de la población tenía acceso previo. La ley actual modificaría el Código Penal, que hoy castiga con prisión la ayuda al suicidio, pese a contemplar excepciones por «homicidio piadoso».
Un continente dividido
Mientras Colombia registró 270 eutanasias en 2023 y Canadá superó las 15.000, países como Argentina o México solo permiten rechazar tratamientos. En Chile, un proyecto similar está paralizado, y en Brasil ni siquiera se discute. Perú y Ecuador han habilitado casos excepcionales vía judicial, pero sin marcos legales estables. Cuba aprobó en 2023 una ley genérica pendiente de regulación.
Una votación con eco regional
Si se aprueba, Uruguay marcaría un precedente en América Latina, donde el tema avanza de forma desigual. El resultado podría influir en otros parlamentos, aunque el desafío será garantizar controles éticos y evitar abusos. La decisión dependerá ahora de los votos en Diputados, cinco años después del primer intento legislativo.
