Experto denuncia que candidatos ignoran crisis laboral en Bolivia

8 de cada 10 trabajadores urbanos carecen de derechos y protección social. Bruno Rojas, especialista laboral, critica el silencio de los aspirantes presidenciales en año electoral. Los datos oficiales revelan precariedad extrema, especialmente en jóvenes y sectores informales.

«Una economía sustentada en la sobreexplotación»

Bruno Rojas, respaldado por datos del CEDLA, INE y APS, señala que el 90% de los empleos son precarios y el 70% de los jóvenes tiene trabajos de «muy mala calidad». La informalidad alcanza al 80% en áreas urbanas, con salarios por debajo del mínimo y sin acceso a seguridad social.

Fragilidad del tejido productivo

El 90,1% de las empresas emplea a menos de cinco personas, y el 97% de esos trabajadores está en condiciones precarias. Solo el 0,4% de las unidades económicas supera los 50 empleados, perpetuando un modelo de informalidad.

Salarios y protección social en crisis

Tres de cada diez ocupados ganan menos del salario mínimo. El 73% de los asalariados tiene empleos temporales, y en hogares pobres, la cifra sube al 87%. Apenas el 12% del sector informal cuenta con seguro de salud, y solo el 5% aporta a pensiones.

Bajo la lupa: derechos vulnerados

Rojas denuncia criminalización de sindicalistas y acoso laboral generalizado. «Las organizaciones sindicales están cooptadas por el MAS, en desmedro de los trabajadores», afirma. Además, el 61% de la población vive en pobreza multidimensional, mientras los salarios representan solo el 29% del ingreso nacional.

Un Bicentenario con deudas históricas

En 2025, Bolivia celebra 200 años de independencia con un mercado laboral dominado por la precariedad. La tercerización, flexibilización laboral y falta de fiscalización agravan la crisis. El desempleo oficial (4,2%) oculta un subempleo del 15% y la vulneración sistemática de derechos.

Elecciones sin respuestas

Rojas reclama que la crisis laboral sea prioridad en la agenda electoral. Sin embargo, los candidatos evitan el tema para no afectar intereses empresariales. Los datos reflejan un modelo que profundiza la desigualdad, con trabajadores sin garantías básicas y empleadores concentrando más del 50% de los ingresos nacionales.