Minería ilegal inunda cinco barrios en Tipuani y amenaza a Guanay
400 familias afectadas desde diciembre de 2024 por desechos mineros arrojados al río Tipuani. Cooperativas auríferas operan sin control en áreas urbanas, según denuncias de autoridades locales. La Gobernación de La Paz confirmó que 15 cooperativas incumplen normas ambientales.
«El agua llegó al segundo piso de mi casa»
Fidel Véliz, dirigente del Comité de Emergencias de Tipuani, relató que la inundación duró seis días y destruyó viviendas. «Usamos balsas para desplazarnos», explicó. Rufino Calle, presidente de la junta de vecinos, culpó a las cooperativas: «Tiran desechos al río y no reponen suelos». Una fotografía de marzo muestra el río por encima del nivel del pueblo.
Guanay: temor a repetir la tragedia
En Guanay, una empresa minera opera ilegalmente en zona urbana desde junio de 2024. El alcalde Víctor Ticona (MAS) presentó una denuncia penal sin avances. En 2023, el río Mapiri desbordó y evacuó a decenas de familias. Concejalas confirmaron que cooperativas agotan cerros en un mes con maquinaria pesada.
Economía atada a la minería ilegal
Tipuani y Guanay dependen en un 90% de esta actividad, según el investigador Alfredo Zaconeta (Cedla). Capitales extranjeros financian cooperativas que eluden impuestos y licencias. El alcalde de Tipuani, Fernando Vera, advirtió: «En tres años no habrá pueblo si continúa la explotación». En enero, el Viceministerio de Medio Ambiente revocó licencias a cuatro cooperativas por incumplir normas.
Antecedentes: 15 años de destrucción sin control
La minería aurífera ilegal en Larecaja opera desde hace una década y media, alterando cauces y selva húmeda. Pese a las denuncias, ninguna autoridad estatal ha compensado a las familias damnificadas. Un informe de la Gobernación reveló que las 15 cooperativas de Tipuani incumplen la reposición de suelos.
Cierre: Un río que sepulta pueblos
Las inundaciones persistentes y la minería descontrolada han desplazado a más de 100 familias en Tipuani, mientras Guanay lucha por evitar el mismo destino. Las acciones legales no han frenado la explotación, y los municipios enfrentan crisis humanitarias sin apoyo estatal.
