Costa Rica enfrenta un histórico desafío judicial contra su presidente

El Tribunal Supremo pide levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves por presunta malversación. Es la primera vez desde 1949 que un mandatario en ejercicio podría ser procesado. El caso gira en torno a un contrato de 405.000 dólares financiado por el banco CABEI.

«Un contrato con aroma a favor político»

La Fiscalía alega que el gobierno de Chaves dirigió el contrato de comunicación a RMC La Productora, empresa vinculada al asesor de campaña Federico Cruz. Según documentos, 32.000 dólares habrían terminado en manos de Cruz. El presidente niega las acusaciones y las atribuye a una campaña para frenar sus reformas.

Un Congreso con la llave

El partido de Chaves solo tiene 10 de los 57 escaños. Si 38 diputados votan a favor, el mandatario perdería su inmunidad y podría ser citado en semanas. Nunca antes se había activado este mecanismo en Costa Rica, país que abolió su ejército en 1949 para preservar la estabilidad institucional.

Más que un juicio: la reputación en juego

Costa Rica ha sido un imán para inversores gracias a su solidez democrática. El caso pone a prueba la confianza en sus instituciones, especialmente para socios como el CABEI, clave en financiamiento y empleo. Una percepción de caos político podría erosionar su ventaja competitiva.

Democracia bajo lupa

Desde 1949, la Constitución costarricense blindaba a los presidentes de procesos judiciales durante su mandato. El país se consolidó como un oasis de estabilidad en la región, con instituciones fuertes y separación clara de poderes. Este caso rompe un tabú histórico.

Un veredicto con consecuencias duraderas

El desenlace demostrará si las instituciones pueden fiscalizar al poder sin desestabilizar el país. Para los costarricenses, es un examen a su sistema de pesos y contrapesos. Para el mundo, una señal sobre la solidez de su democracia.