Defensoría del Pueblo reporta alza en precios de 11 alimentos básicos
Los productos subieron hasta un 169% en un año, afectando el derecho a la alimentación. El informe, presentado el 9 de agosto, atribuye el incremento a especulación, baja producción y cambio climático. La carne, el arroz y la harina lideran las variaciones.
«Una amenaza para las familias vulnerables»
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó que el alza sostenida en 11 de 21 productos monitoreados vulnera el acceso a una alimentación adecuada. «La situación afecta especialmente a quienes menos tienen», enfatizó durante la presentación del sondeo de precios de julio.
Los productos más afectados
Destacan la leche en polvo (+169% en La Paz), carne de res pulpa especial (+82% en Trinidad), arroz (+88% en La Paz) y harina blanca (+169% en La Paz). El aceite comestible registró aumentos del 89% en Trinidad y 88% en Sucre.
Variaciones por regiones
La carne molida subió un 95% en La Paz y 82% en Potosí. El pollo aumentó un 47% en Sucre, mientras el plátano para cocinar y la papaya completan la lista de alimentos con incrementos sostenidos.
Un cóctel de causas detrás de la crisis
Callisaya identificó cinco factores clave: especulación comercial, baja producción local, dependencia de importaciones, efectos del cambio climático y falta de controles estatales. «Esto no es un problema puntual, sino estructural», remarcó.
Llamado a acciones urgentes
La Defensoría exigió al Gobierno medidas inmediatas para garantizar el acceso a alimentos y reforzar los mecanismos de control de precios. «Seguiremos monitoreando para exigir respuestas», concluyó Callisaya.
La alimentación, en riesgo
El informe refleja un deterioro progresivo desde 2024, con incrementos interanuales superiores al 50% en la mayoría de los productos básicos. La pandemia, sumada a factores internos, agravó la inseguridad alimentaria.
Un desafío que no puede esperar
El reporte evidencia la urgencia de políticas públicas efectivas frente a la escalada de precios. Su impacto directo en la economía familiar y la nutrición obliga a una respuesta coordinada entre Estado y sector privado.
