Ley electoral impide sustituir a Mariana Prado como candidata a vicepresidenta
El plazo legal para reemplazos por renuncia venció el 3 de julio. Sectores afines a Andrónico Rodríguez exigen su salida, pero el TSE y expertos confirman que solo aplican causales como fallecimiento o inhabilitación. La Alianza Popular enfrenta tensiones internas a 19 días de las elecciones.
«Ya legalmente no es posible bajar un nombre a petición»
Carlos Cordero, analista político, subraya que la Ley 026 del Régimen Electoral solo permite sustituciones por renuncia, inhabilitación, fallecimiento o incapacidad. El artículo 108 establece que estos casos deben acreditarse ante el TSE. «Presentadas las listas, únicamente podrán sustituirse por causas fehacientes», precisa la norma. Prado, ya habilitada, no cumple ninguno de estos requisitos.
Plazos vencidos y presiones internas
El calendario electoral fijó como límite para renuncias voluntarias el 3 de julio. David Mamani, dirigente de la Federación ‘Túpac Katari’, amenazó con retirar apoyo a Alianza Popular si Prado no dimite: «Debe renunciar de manera voluntaria». Sin embargo, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi aclaró que ahora solo proceden sustituciones por causales extremas, válidas hasta el 13 de agosto.
«Una pulseada interna a destiempo»
Cordero califica las exigencias como un conflicto interno sin base legal. Sectores androniquistas también piden la salida de Susana Bejarano, candidata a senadora. El TSE reitera que, al estar ambas habilitadas, «las únicas vías vigentes son fallecimiento, sentencia ejecutoriada o inhabilitación».
Elecciones en modo irreversible
La Ley 026, vigente desde 2010, busca garantizar estabilidad en las candidaturas. Las elecciones del 17 de agosto avanzan sin cambios en el binomio de Alianza Popular, pese a las presiones de grupos sociales aliados.
Sin margen para maniobras
La normativa electoral cierra cualquier intento de modificación tardía. Prado seguirá en la papeleta, mientras los sectores disidentes deberán decidir entre mantener su apoyo o asumir las consecuencias de retirarlo a menos de tres semanas de los comicios.