Gobierno solo cubre el 9,36% del costo real de obras públicas
El Decreto 5321 ajusta solo materiales importados, dejando fuera el 90,64% de los costos. La Sociedad de Ingenieros advierte que la norma rompe el equilibrio económico de los contratos y amenaza al sector. Entró en vigor en julio y se extenderá hasta octubre de 2025.
«Un reajuste que no alcanza ni para los clavos»
El decreto gubernamental solo permite actualizar precios de insumos importados (26% del rubro materiales), que a su vez representan solo el 36% del costo total de una obra. «El 9,36% ajustado es insostenible. Las empresas están perdiendo patrimonio», explicó Luis Alberto Soliz, asesor de la SIB. El resto (mano de obra, maquinaria local y gastos generales) queda sin cobertura.
Efecto dominó en el sector
Empresas constructoras rescinden contratos o evitan licitaciones ante la imposibilidad de cubrir costos. Algunas enfrentan deudas de tres meses por parte del Estado, lo que agrava su liquidez. «Si no hay reajustes integrales, el impacto será en empleo e inversión pública», alertó Soliz. El DS 181, que regula contrataciones estatales, prohíbe modificar precios.
Octubre: la fecha límite
La vigencia del decreto se amplió hasta octubre de 2025, pero no aplica a nuevos contratos. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justificó el plazo por los trámites burocráticos. La SIB critica que la norma obligue a los contratistas a «financiar obras con patrimonio propio, como una expropiación encubierta».
Cuando la hiperinflación era más fácil que ahora
En los 80, Bolivia implementó un sistema de reajuste con fórmulas polinómicas que cubría 12-13 materiales, permitiendo obras pese a una inflación del 24.000%. En 2008 se intentó una versión reducida (5 materiales + 2 opcionales), pero fracasó. Hoy, el sector privado negocia ajustes libremente, mientras el público opera con normas rígidas.
Obras públicas al borde del paro
El decreto 5321 deja al sector en «cuenta regresiva», según la SIB. Sin mecanismos realistas, proyectos podrían paralizarse en octubre, afectando empleos e infraestructura. La solución histórica (reajustes integrales) choca con la actual restricción legal y fiscal.
