Gobierno boliviano debe liberar a 200 presos políticos según Fundación
La Fundación Observatorio de Derechos Humanos denuncia procesos «fabricados» contra opositores. Incluyen a la expresidenta Áñez y al gobernador Camacho, acusados bajo figuras como terrorismo sin pruebas. El texto revela injerencias políticas en el poder judicial.
«Terrorismo sin terroristas»: la contradicción legal
La Fundación señala que ninguno de los 200 presos políticos cumple los requisitos del artículo 133 del código penal, que exige vínculos con organizaciones armadas o ataques al orden constitucional. «El caso Hotel Las Américas terminó en absolución tras 11 años», ejemplifica la falta de sustento en las acusaciones.
El poder judicial como herramienta política
Según el informe, los procesos judiciales omiten garantías básicas y responden a intereses del MAS. Evo Morales admitió que el juicio contra Áñez se decidió en una reunión con Arce y su ministro de Justicia, lo que «invalida la sentencia por falta de independencia».
Patrón autoritario: de la criminalización a la censura
La Fundación compara la situación con regímenes como Venezuela o Nicaragua, donde se persigue a opositores y defensores de derechos humanos. Destaca que las detenciones van acompañadas de campañas mediáticas que estigmatizan a los acusados como «delincuentes confesos».
Promesas incumplidas y polarización
Pese a la promesa de reconciliación de Luis Arce, la detención de Áñez y el «secuestro» de Camacho agudizaron la división. La Fundación alerta que la politización de los nombramientos judiciales «erosiona la democracia».
Cuando la justicia pierde su brújula
Bolivia arrastra una crisis judicial desde gobiernos anteriores del MAS, donde la selección de jueces por afinidad política y la persecución a fiscales independientes han debilitado el sistema. El texto recuerda que estos métodos buscan «liquidar a la oposición y reproducir el poder».
Una democracia en la cuerda floja
La denuncia evidencia cómo la manipulación de instituciones amenaza libertades fundamentales, desde expresión hasta participación política. La falta de independencia judicial no solo afecta a los procesados, sino que socava las bases del Estado de derecho.
