Justicia ordena tres meses de prisión preventiva para Ruth Nina
La líder de Pan-Bol fue imputada por instigación y amenazas al TSE. La audiencia se realizó de forma virtual desde instalaciones policiales en Cochabamba. Seguidores denuncian «persecución política».
«La libertad de expresión está siendo encarcelada»
Ruth Nina, exdirigente del extinto partido Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), ingresará a la cárcel de San Sebastián (Cochabamba) tras una decisión del Juzgado Mixto de Shinaota. La medida, dictada este sábado 26 de julio, responde a declaraciones donde advirtió que en las elecciones del 17 de agosto «se contarían muertos y no votos», dirigidas al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Detalles del proceso
Nina fue detenida el jueves tras declarar voluntariamente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La audiencia se desarrolló de manera virtual desde dependencias policiales, ya que no pudo trasladarse a Shinaota. Antes de ingresar, afirmó que su caso representa un ataque a la libertad de expresión para «todos los dirigentes».
Reacciones y movilizaciones
Un grupo de simpatizantes montó una vigilia frente a la FELCC, exigiendo su liberación y denunciando que sus palabras fueron «sacadas de contexto». Acusan al Gobierno de perseguirla políticamente por su vinculación con el evismo, movimiento que lideró Evo Morales.
De las palabras a los cargos
Los delitos imputados incluyen instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización al proceso electoral. Las declaraciones de Nina ocurrieron durante un encuentro del evismo en el trópico de Cochabamba, donde advirtió sobre posibles enfrentamientos durante los comicios.
Un clima electoral tenso
Bolivia se prepara para elecciones el 17 de agosto, en un contexto marcado por polarización y advertencias de violencia. Pan-Bol, fundado en 2021, fue disuelto en 2023 por el TSE tras no alcanzar el umbral electoral requerido.
Sin libertad hasta después de las elecciones
La detención preventiva se extenderá hasta octubre, superando la fecha de los comicios. El caso reaviva el debate sobre los límites de la protesta política y la aplicación de la justicia en períodos electorales.
