Fiscalía reabre caso contra hijo del presidente Arce por enriquecimiento ilícito
Rafael Arce Mosqueira es investigado por compra irregular de un predio y créditos millonarios. El diputado Héctor Arce denunció presuntas irregularidades en transacciones y préstamos bancarios. La Fiscalía de La Paz ampliará la investigación por 60 días.
«Los ‘Arce boys’ bajo la lupa fiscal»
La Fiscalía reabrió el 24 de julio de 2025 el caso contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, y el director de la ABT, Luis Roberto Flores. Según el diputado denunciante, Héctor Arce Rodríguez, se investiga «enriquecimiento ilícito con afectación al Estado» vinculado a la compra del predio Adán y Eva en Santa Cruz.
Irregularidades en transacciones y créditos
El diputado señaló que el predio fue adquirido por 5.5 millones de dólares, pero los documentos declararon solo 3.3 millones, lo que sugiere un posible fraude impositivo. Además, destacó que Rafael y su hermana Camila recibieron préstamos de 63 millones de bolivianos del Banco Ganadero a los 25 y 20 años, sin experiencia en el rubro productivo.
Desconfianza en la Fiscalía
Héctor Arce cuestionó que la reapertura sea una estrategia para «cerrar el caso definitivamente» antes del fin del gobierno. «No quisiera pensar que esta reapertura tiene por objetivo disimular estos meses que le quedan al gobierno», afirmó, receloso del fiscal general Roger Mariaca, a quien acusa de un pacto de «no agresión» con el Ejecutivo.
Un caso que resurgió
La denuncia inicial se presentó el 18 de mayo de 2024, pero el Ministerio Público la cerró en 25 días. El diputado insistió este año con nuevos elementos, como movimientos financieros sospechosos: Rafael Arce habría pagado 280 mil dólares en efectivo, pese a que sus ingresos como funcionario no superaban los 700 mil bolivianos en seis años y medio.
¿Hacia dónde va el caso?
La investigación avanzará en un clima de escepticismo. La Fundación TIERRA pidió una investigación imparcial, mientras el diputado Arce advierte que, si el caso se cierra nuevamente, no podrá reabrirse. La Fiscalía tiene ahora 60 días para ampliar las indagaciones.
