Gobierno de Trump presiona a estados para eliminar matrículas reducidas a inmigrantes
El Departamento de Justicia desafía leyes en Texas, Kentucky y Minnesota. Argumenta que benefician ilegalmente a estudiantes indocumentados frente a ciudadanos estadounidenses. La medida forma parte de la política migratoria restrictiva de la segunda administración Trump.
«Ciudadanos no deben ser tratados como segunda clase»
El gobierno federal demanda a tres estados por permitir que estudiantes indocumentados paguen matrículas locales, hasta un 50% más baratas que las de otros estados. «Las universidades no pueden dar beneficios a ilegales que nieguen a ciudadanos», declaró la fiscal general Pam Bondi. Texas ya derogó su ley de 2001 tras un acuerdo con la Casa Blanca.
Impacto educativo y económico
Según defensores, Texas perdería 461 millones de dólares anuales y Florida 15 millones por caídas en matriculaciones. Unos 408.000 estudiantes indocumentados (menos del 2% del total) podrían verse afectados. 119.000 son beneficiarios de DACA, el programa de regularización temporal creado en 2012.
De consenso bipartidista a batalla legal
Las leyes de matrículas reducidas surgieron con apoyo de republicanos y demócratas. Texas fue pionera bajo el gobernador Rick Perry (R). Hoy, 23 estados y Washington D.C. mantienen normas similares, pero Florida derogó la suya en febrero y Minnesota debate restricciones. «Antes no era político», lamentó el gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear.
Un giro en la política migratoria
Los desafíos legales responden a una orden ejecutiva de abril donde Trump calificó estas leyes como «ilegales». El Departamento de Educación investiga ahora becas para indocumentados en cinco universidades. Para algunos republicanos, como el legislador Randy Fine (Florida), «es inmoral dar ventajas a quienes no deberían estar en EE.UU.».
Olas más allá de Texas
Defensores temen un efecto dominó si Kentucky y Minnesota ceden. Organizaciones como United We Dream denuncian que la derogación en Texas «busca ser un modelo para otros estados». Mientras, universidades como Austin Community College reportan ansiedad entre estudiantes indocumentados por el clima político hostil.
¿Y ahora qué?
El conflicto legal profundiza la polarización sobre DACA y los «dreamers». Aunque Trump prometió en diciembre negociar su estatus, sus acciones apuntan a limitar beneficios. Analistas advierten que podría erosionar su apoyo entre votantes hispanos e independientes, clave en su reelección en 2024.
