Conductores catalanes reciben multas por tapar la ‘E’ en sus matrículas
La DGT sanciona con 200 euros a quienes ocultan la letra identificativa de España. El conflicto resurge tras un precedente legal en Galicia, donde un juez avaló la modificación al no impedir la legibilidad. Varios independentistas catalanes usan pegatinas con ‘CAT’ como protesta política.
«La ‘E’ que divide: entre la norma y el símbolo»
Algunos conductores en Cataluña tapan la letra ‘E’ de sus matrículas —que identifica a España— para sustituirla por ‘CAT’ o la senyera. Los Mossos d’Esquadra multan esta práctica al considerarla una «manipulación grave», pero los afectados alegan que no dificulta la identificación del vehículo, basándose en un fallo judicial gallego de 2024.
El respaldo legal: el caso gallego
Bieito Lobeira, del BNG, ganó un recurso al demostrar que su modificación (cambiar ‘E’ por ‘GZ’) no impedía leer la matrícula. Este argumento es usado ahora por figuras como David Miñana (ANC) o Jordi Cabré, quienes «se agarran» a la sentencia para justificar su protesta.
Raíces de un conflicto con 25 años de historia
El debate surgió en 2000, cuando España eliminó las referencias provinciales en las matrículas para adaptarse al formato europeo. Los nacionalistas criticaron entonces la pérdida de símbolos autonómicos. Desde entonces, grupos independentistas promovieron pegatinas con iniciales regionales, una práctica que se intensificó en la última década.
Europa vs España: un contraste en las matrículas
Mientras países como Francia o Alemania mantienen distintivos regionales en sus placas, España solo incluye la ‘E’ y la bandera europea. El Reglamento de Vehículos prohíbe añadir «signos no reglamentarios», pero la Ley de Tráfico solo sanciona si se obstruye la legibilidad, un vacío que alimenta la polémica.
¿Multa o libertad de expresión?
El conflicto refleja la tensión entre el cumplimiento normativo y el simbolismo político. Aunque los tribunales han avalado casos puntuales, la DGT insiste en que cualquier alteración de la matrícula es sancionable. La discusión sigue abierta, con ciudadanos atrapados entre la protesta y el riesgo de multas.
