Gobierno boliviano incumple orden judicial de trasladar a Camacho

Autoridades alegan falta de condiciones para trasladar a Luis Fernando Camacho, pese a orden expresa del tribunal. Defensa denuncia 15 incumplimientos.
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Gobierno boliviano incumple orden judicial de trasladar a Camacho

Autoridades alegan falta de «condiciones» pese a orden expresa. La viceministra de Seguridad responsabiliza a los abogados del gobernador cruceño, recluido en Chonchocoro. El traslado era para una audiencia este viernes, pero se pospuso por 15ª vez.

«Los abogados deben garantizar la tranquilidad»

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, afirmó que los abogados de Luis Fernando Camacho «deberían garantizar un escenario de tranquilidad» para su traslado a Santa Cruz. El tribunal ordenó el traslado, pero el Gobierno insiste en que no hay condiciones materiales, citando incidentes como la quema de la Fiscalía en 2022.

Justificación oficial

Arraya mencionó que un informe policial desaconsejó el traslado, basándose en «antecedentes» de violencia. «El Comité Cívico ha sido muy claro (…) alertando a la población», dijo, vinculando declaraciones de dirigentes con la decisión de no proceder.

Reacción de la defensa

El abogado Martín Camacho denunció que esta es la 15ª vez que se incumple la orden judicial. Recordó que el tribunal exigió una audiencia presencial desde enero de 2024: «Es una vulneración del debido proceso».

Un traslado en el limbo

Camacho está recluido preventivamente en Chonchocoro por el caso del decreto departamental 373. Régimen Penitenciario informó que no lo trasladará, pese a que la audiencia está fijada para este viernes. La Policía, aunque bajo mando estatal, no ejecutó la medida.

Antecedentes que pesan

La tensión en Santa Cruz tras la detención de Camacho en diciembre de 2022, incluyendo la quema de la Fiscalía, es el argumento clave del Gobierno para evitar su traslado. Arraya insiste en que la responsabilidad recae en los abogados, no en el aparato estatal.

Un debido proceso en entredicho

El incumplimiento reiterado de las órdenes judiciales plantea dudas sobre la garantía de derechos procesales. Mientras la defensa acusa al Gobierno de obstrucción, las autoridades priorizan la seguridad, dejando en suspenso la audiencia presencial.