Subvención al diésel beneficia a grandes empresas y perjudica a consumidores
El subsidio estatal al diésel genera escasez e inflación en Bolivia. La política, vigente por casi dos décadas, distorsiona el mercado y favorece a agroexportadores, mientras la población enfrenta desabastecimiento y precios elevados en alimentos.
«Un modelo insostenible que colapsó»
Desde abril de 2023, las reservas internacionales cayeron a Bs 2.000 millones, agravando la crisis. Entre mayo y junio de 2025, Bolivia registró los picos inflacionarios más altos en 40 años, debido a la escasez de combustible y la especulación cambiaria. El diésel barato creó una economía paralela, donde camiones esperan días para cargar en lugar de distribuir productos.
El caso del aceite de girasol
Mientras el aceite nacional escaseaba, el producto argentino llegó a venderse entre Bs 105 y Bs 120 por 5 litros. Evidencias sugieren que el aceite boliviano fue desviado a mercados externos, donde los precios son más altos. «El subsidio incentiva el beneficio privado, no el abastecimiento interno», señala el análisis.
De la bonanza al parasitismo económico
El subsidio se financió inicialmente con la renta gasífera, pero hoy depende de deuda y controles cambiarios. Sectores como agroexportación y minería sobreviven gracias al diésel barato, pero no son competitivos sin ayuda estatal. «Privatizan la ganancia y socializan el costo», critica el texto.
El fracaso de las reformas
La nacionalización de hidrocarburos en 2006 y el fallido «gasolinazo» de 2010 consolidaron un sistema sin competencia ni eficiencia. YPFB, encargada de la cadena energética, es señalada por opacidad y corrupción.
Un problema ideológico con consecuencias prácticas
El modelo de subsidios eternos ha deteriorado la balanza comercial y agotado las divisas. Las empresas beneficiadas no invierten en productividad, sino que dependen del presupuesto nacional. «Una economía viable no puede basarse en el autoengaño», concluye el análisis.
La factura llegó: ¿ahora qué?
El texto plantea que la reforma debe ser gradual, eliminando subsidios indiscriminados y focalizándolos en quienes realmente los necesitan. La justicia económica exige romper con los privilegios y ajustar las reglas para evitar más distorsiones en el mercado interno.
