Multas a conductores catalanes por tapar la ‘E’ en matrículas

La DGT sanciona con 200 euros a quienes ocultan la letra 'E' en matrículas, reemplazándola por 'CAT' o símbolos independentistas, en un conflicto con raíces políticas.
xataka.com

Conductores catalanes multados por tapar la ‘E’ en sus matrículas

La DGT sanciona con 200 euros a quienes ocultan la letra identificativa de España. El conflicto resurge tras un fallo judicial favorable a un independentista gallego en 2024. Algunos catalanes sustituyen la ‘E’ por ‘CAT’ como protesta política.

«Una letra que divide: la ‘E’ como símbolo político»

Algunos conductores en Cataluña están siendo multados con 200 euros por modificar sus matrículas, tapando la letra ‘E’ (que identifica a España) y reemplazándola con ‘CAT’ o símbolos independentistas. Los Mossos d’Esquadra consideran esto una infracción grave, aunque un precedente judicial en Galicia complica la aplicación de las sanciones.

El precedente gallego

En 2024, Bieito Lobeira (BNG) ganó un recurso judicial al demostrar que su modificación (cambiar ‘E’ por ‘GZ’) «no impedía la legibilidad» de la matrícula. Este fallo ha sido usado como argumento por figuras como David Miñana (ANC) o Jordi Cabré para justificar sus acciones.

Normativa vs. protesta

El Reglamento General de Vehículos prohíbe añadir símbolos no autorizados, pero la Ley de Tráfico solo sanciona si se «dificulta la identificación». Los afectados alegan que sus modificaciones son actos políticos pacíficos, no obstrucciones técnicas.

Un conflicto de 25 años

El debate surgió en 2000, cuando España eliminó las referencias provinciales en las matrículas para adaptarse al formato europeo. Desde entonces, grupos independentistas han usado pegatinas o modificaciones como forma de reivindicación, siguiendo ejemplos como Francia o Italia, donde sí se permiten distintivos regionales.

Multas bajo interpretación judicial

La polémica continúa mientras las sanciones dependen de cómo se aplique la normativa. El caso gallego marca un precedente, pero las autoridades catalanas insisten en que «cualquier alteración no reglamentaria es sancionable».