Gobierno defiende protección a periodistas y Ley 351 ante EPU
El Estado aceptó 254 de 275 recomendaciones del EPU. La ministra de Justicia asegura que existen mecanismos de apoyo, pero gremios denuncian impunidad en agresiones y restricciones. La polémica surge durante el cuarto ciclo de evaluación de derechos humanos en la ONU.
«Mecanismos existen, pero no evitan la impunidad»
Jessica Saravia, ministra de Justicia, destacó que el SEPDAVI y la Defensoría del Pueblo brindan asistencia legal y psicológica a periodistas agredidos. Sin embargo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) reveló que entre 2022 y 2024 hubo 495 vulneraciones a la prensa, con un 40% de ataques directos. «Los casos como Las Londras tardan años en judicializarse», criticó Zulema Alanes, presidenta de la ANPB.
Acceso a la información: un derecho pendiente
El Gobierno mencionó leyes como el DS 28168 para garantizar transparencia, pero los periodistas denuncian obstáculos para investigar. Un proyecto de ley basado en estándares de la OEA está estancado en Diputados desde 2024. «No hay voluntad política», afirmó Alanes.
Ley 351: «No es restrictiva», insiste el Ejecutivo
Saravia defendió que la norma solo regula personalidades jurídicas sin afectar libertades. UNITAS rechazó esta postura: «La ley limita la asociación desde 2013 y vulnera derechos vinculados», señaló Claudia Terán. El EPU y otros organismos internacionales han pedido su modificación.
Oficina de la ONU: ausencia polémica
El Gobierno minimizó la recomendación de reinstalar la OACNUDH en Bolivia, ausente desde 2017. «Su presencia no determina el cumplimiento de derechos», alegó el informe oficial. La Defensoría del Pueblo pidió lo contrario, subrayando su necesidad.
Una década de evaluaciones y deudas
El EPU lleva cuatro ciclos examinando a Bolivia, con recomendaciones recurrentes sobre libertad de prensa y asociación. Pese a avances normativos declarativos, organizaciones civiles señalan que persisten vacíos, como la falta de un Plan Nacional de Derechos Humanos actualizado.
El balance queda en manos del seguimiento
La ANPB y UNITAS exigieron monitoreo independiente a las 254 recomendaciones aceptadas. La Defensoría del Pueblo asumió ese rol, mientras el Gobierno reiteró que algunas propuestas «contradicen la Constitución». El cumplimiento real dependerá de acciones concretas en los próximos años.
