Gobierno condiciona traslado de Camacho a informes de Inteligencia
La decisión final dependerá de evaluaciones de seguridad policial y del director de Chonchocoro. El ministro de Gobierno aclaró que no es automático el traslado del gobernador cruceño para su audiencia judicial. La defensa insiste en que es obligatorio por orden del Tribunal Constitucional.
«No es responsabilidad de Régimen Penitenciario»
Roberto Ríos, ministro de Gobierno, explicó que el director del penal de Chonchocoro debe solicitar informes al Comando General y Departamental de la Policía para evaluar riesgos. «La seguridad del privado de libertad es prioridad», enfatizó. El traslado de Luis Fernando Camacho, procesado por resoluciones contrarias a la Constitución, queda sujeto a este proceso sin plazos definidos.
La disputa legal
El abogado Martín Camacho aseguró que el fallo del Tribunal Constitucional ordena el traslado «sin excusas». Ríos respondió que la defensa interpretó mal la resolución: «El juez solo pidió gestionar actos administrativos, no lo hizo obligatorio». El caso gira en torno al decreto departamental 373 de 2022, donde Camacho delegó funciones en un secretario y no en su vicegobernador.
Un laberinto burocrático
El procedimiento carece de plazos claros para las solicitudes del director de Chonchocoro. No se descarta que el retraso prolongue la estadía de Camacho en La Paz, pese a que su audiencia por el ‘decretazo’ debe realizarse en Santa Cruz.
Un conflicto con raíces autonómicas
El caso surge de la tensión entre el Gobierno central y Santa Cruz por el manejo de competencias. En 2022, Camacho firmó un decreto que violaba la normativa autonómica, según la acusación. Este antecedente explica la judicialización del conflicto y la actual disputa sobre su traslado.
La seguridad como factor decisivo
El Ejecutivo prioriza los informes policiales para evitar riesgos durante el traslado. Mientras, la defensa del gobernador insiste en que se cumpla la orden judicial. La resolución final podría sentar un precedente sobre el tratamiento procesal de autoridades en Bolivia.
