Krankenkassen alemanas exigen al Estado cubrir costes del subsidio social

Las aseguradoras públicas reclaman 10.000 millones anuales por cubrir a beneficiarios del Bürgergeld. El sistema sanitario enfrenta un déficit estructural agravado por el envejecimiento poblacional y gastos pandémicos pendientes. La demanda se formalizó este 19 de julio en Alemania.

«El contribuyente no debe financiar lo que corresponde al Estado»

El GKV-Spitzenverband, que agrupa a las mutualidades públicas, denuncia que el gobierno federal incumple su obligación legal de sufragar la atención médica de perceptores del subsidio de desempleo (Bürgergeld). «Actualmente asumimos íntegramente estos costes sin reembolso», declaró Oliver Blatt, director del consorcio. La cifra equivale al 5,6% del total de ingresos del sistema.

Crisis financiera estructural

Los gastos sanitarios crecen un 8% anual frente a ingresos que solo aumentan un 5,6%, según datos del GKV. Blatt atribuye el desequilibrio al «envejecimiento demográfico, innovación médica y mayor presión social». A esto se suman 5.000 millones pendientes de reintegro por medidas COVID-19 en residencias.

Rechazo a recortes y fusiones

El dirigente descartó reducir prestaciones o acelerar la concentración de cajas sanitarias –ya disminuidas de 490 a 95 desde 2010–. «Las fusiones no resuelven el déficit», afirmó, señalando que los costes administrativos apenas representan el 4% del presupuesto.

Un sistema bajo presión demográfica

Alemania arrastra desde hace años debates infructuosos sobre reformar la financiación sanitaria, incluida la polémica «Bürgerversicherung» (seguro ciudadano). La pandemia exacerbó las tensiones en un modelo que cubre a 75 millones de personas y depende mayoritariamente de cotizaciones laborales.

Esperando un giro político

Pese al compromiso declarado de la ministra de Salud Nina Warken (CDU), el GKV considera que la sanidad no es prioridad gubernamental. Blatt pidió soluciones estructurales pero sin privatizar la dependencia, abogando por un modelo mixto con «solidaridad pública y ahorro privado complementario».