La justicia boliviana degenera en «dispositivo de poder» según análisis político

El Órgano Judicial y el TCP actúan como «suprapoder» sin controles. Un estudio advierte que la estructura judicial se ha convertido en red de dominación que amenaza libertades y propiedad. El diagnóstico surge en medio de conflictos institucionales en el Estado Plurinacional.

«Redes de poder con autonomía para amenazar la democracia»

El artículo describe una justicia que «ha mutado hacia un suprapoder», capaz de «desintegrar la infraestructura constitucional» y someter a otros órganos del Estado. Según el análisis, ya no es un apéndice del Ejecutivo, sino una estructura con «saberes y poderes intransparentes» que opera mediante «consorcios de jueces y abogados».

Instrumentalización represiva

Se denuncia que el Ministerio Público y la Contraloría actúan como «herramientas de acusación» contra la disidencia, mientras el TCP y el Órgano Judicial ejercen «terrorismo judicial». El texto menciona «violencia simbólica» mediante leyes penales usadas como «tanques» de persecución.

De la plurinacionalidad a la «discrasia institucional»

El modelo surgido en 2005, que prometía empoderar a «clases subalternas», derivó en un sistema con «dos justicias incompatibles» (indígena y ordinaria) y élites jurídicas que instrumentalizan el derecho. La Constitución de 2009, lejos de equilibrar poderes, habría permitido que la justicia se convierta en «dispositivo de poder» al servicio de redes corruptas.

«Un desgobierno de jueces con capacidad de alterar elecciones»

El análisis alerta que «consorcios judiciales pueden modificar resultados electorales» mediante «golpes judiciales». El TCP y el Órgano Judicial tendrían «autonomía relativa» para disuadir tanto a oficialistas como opositores, violando el artículo 12 de la Constitución que define los límites del poder.

Reforma constitucional: ¿solución o riesgo?

El texto plantea la urgencia de reformas, pero advierte que el «poder pleromático» del TCP podría aprovecharlas para expandir su influencia. Propone un debate nacional para restaurar la independencia judicial, aunque sin «ilusiones» dado el arraigo de las redes corruptas.

«Cuando la ley protege a los corruptos, la nación está condenada»

El artículo cita a Ayn Rand para sintetizar su diagnóstico: la justicia ya no defiende a los ciudadanos, sino a quienes la instrumentalizan. Concluye que Bolivia enfrenta una «deriva autoritaria» donde el derecho penal se usa como herramienta de «dolor colectivo».