Supreme Court permite a Trump desmantelar el Ministerio de Educación
El tribunal autoriza el despido de 1.400 empleados. La decisión allana el camino para la eliminación progresiva de la agencia, un objetivo clave del expresidente. Ocurre en medio de tensiones políticas sobre el rol del gobierno federal en educación.
«Un paso decisivo hacia la eficiencia»
El Supreme Court levantó un bloqueo previo y permitió a la administración Trump avanzar con los despidos masivos. Linda McMahon, secretaria de Educación, celebró el fallo como una victoria para «alumnos y familias», aunque críticos denuncian que busca inutilizar la agencia. El 50% de los empleados serán afectados inicialmente.
El pulso judicial continúa
Las demandas sobre la legalidad de los despidos pueden seguir en tribunales inferiores. La jueza Sonia Sotomayor calificó la decisión de «injustificable», alegando que solo el Congreso puede abolir el ministerio.
Un ministerio en la mira conservadora
Creado en 1979 bajo Jimmy Carter, el Departamento de Educación siempre fue blanco de republicanos. Trump impulsa su desmantelamiento como parte del «Project 2025», iniciativa de think tanks conservadores como la Heritage Foundation. Sus funciones, desde ayudas económicas a estudiantes hasta supervisión de derechos civiles, serán transferidas o eliminadas.
Un tribunal que inclina la balanza
El Supreme Court, de mayoría conservadora, ha emitido recientemente varios fallos que fortalecen el poder ejecutivo. Esta decisión sigue a otras como limitar la capacidad de jueces para emitir órdenes federales amplias o avalar deportaciones masivas.
Educación: ¿quién manda?
Republicanos argumentan que los estados deben gestionar escuelas y universidades, reduciendo el rol federal. El ministerio actual supervisa becas Pell, educación especial y estadísticas nacionales, funciones que ahora peligran.
Un capítulo más en la batalla
El fallo refleja la polarización en EE.UU. sobre el tamaño del gobierno. Mientras Trump avanza en su agenda, grupos educativos y legisladores demócratas preparan nuevas acciones legales para frenar el desmantelamiento.
