Administración Trump endurece permisos para proyectos de energía solar y eólica
El Departamento del Interior exigirá aprobación personal del secretario Burgum para cada proyecto. La medida, detallada en un memo interno, podría ralentizar el desarrollo de energías renovables en terrenos federales. Se alinea con órdenes ejecutivas de Trump que priorizan fuentes «despachables».
«Revisión exhaustiva desde el inicio hasta el final»
Según el memo filtrado a POLITICO, todas las decisiones sobre parques solares y eólicos en terrenos federales pasarán por la oficina de Doug Burgum. Esto incluye informes de impacto, autorizaciones de caminos y acuerdos de costes. «Alineamos nuestras políticas con las órdenes ejecutivas del presidente», escribió Gregory Wischer, subjefe de Gabinete del Interior.
Impacto en el sector renovable
Expertos como Eric Beightel, exdirector del Consejo Federal de Permisos bajo Biden, advierten que la medida «creará tal burocracia que los proyectos no avanzarán eficientemente». Actualmente, el 4% de la energía renovable de EE.UU. proviene de terrenos federales, con potencial para alcanzar el 12.5% en 2035, según un estudio del NREL.
Tras la huella de las órdenes ejecutivas
La directiva responde a la declaración de «emergencia energética nacional» firmada por Trump en su toma de posesión, que excluyó explícitamente a solar y eólica como fuentes prioritarias. Además, el Departamento revisará en 45 días si sus normativas actuales «favorecen injustamente» estas energías frente a las tradicionales.
Un giro en la política energética federal
Durante gobiernos demócratas, se incentivó el uso de terrenos públicos para renovables, incluso bajo leyes bipartidistas como la Ley de Energía de 2020. El memo contradice ese enfoque, pese a que estudios oficiales identificaron potencial para 1.750 gigavatios de solar y 70 de eólica en tierras federales tras considerar restricciones ambientales y sociales.
¿Frenazo o control estratégico?
La medida tensiona el equilibrio entre agilizar permisos y aplicar la agenda trumpista de reducir subsidios a renovables. Mientras la Administración justifica «evitar tratos preferenciales», la industria alerta sobre retrasos en proyectos clave para la transición energética.
