España limita restricciones a diésel con pegatina B en zonas urbanas
Solo Segovia y algunas ciudades aplican prohibiciones duras. La mayoría permite circular a estos vehículos si acceden a aparcamientos. La normativa genera polémica por discriminar a diésel más modernos que gasolina.
«Restricciones suaves y excepciones notables»
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), obligatorias desde 2023 en ciudades de más de 50.000 habitantes, no han implementado prohibiciones generalizadas. Solo Segovia, Madrid y Barcelona tienen restricciones activas, pero con matices: en Madrid, los coches con etiqueta B deben aparcar en parkings dentro del centro, mientras que en Barcelona aún circulan libremente. Ciudad Real planea una ZBE donde incluso los coches sin etiqueta podrán entrar.
Cataluña: restricciones futuras bajo condiciones
La Generalitat aprobó un plan que limitará el acceso a vehículos con pegatina B a partir de 2026, pero solo en episodios de alta contaminación. Para 2028, Madrid también aplicará restricciones similares. En ambos casos, los diésel afectados tendrán más de 14 años.
Ciudades con ZBE simbólicas
Municipios como Salamanca (0,37 km² de ZBE) o Bilbao (2 km²) imponen normas leves: acceso condicionado a parkings o horarios reducidos. San Sebastián será la más estricta: prohibirá totalmente estos coches en 2028.
La polémica de la pegatina B
La DGT clasifica como pegatina B a diésel matriculados entre 2006-2014 y gasolina entre 2000-2006, aunque algunos cumplan normativas Euro más avanzadas. Esto ha generado críticas por tratar con más dureza a diésel más nuevos que gasolina antiguos.
ZBE: entre el cumplimiento y la ambigüedad
La falta de directrices claras del Gobierno ha llevado a muchas ciudades a retrasar o minimizar sus ZBE. Ejemplos como Getafe o Málaga permiten el acceso a vehículos afectados si van a parkings o negocios, diluyendo el impacto real de las medidas.
Conclusión: más ruido que prohibiciones
Pese a la alarma mediática, las restricciones a diésel con pegatina B son escasas y localizadas. La mayoría de ciudades opta por normas permisivas, aunque Cataluña y Madrid avanzan hacia limitaciones progresivas a partir de 2026.
