Las petroleras subieron precios en California antes de la entrada en vigor de la normativa

Las gasolineras cobraron de más 300 millones de dólares desde enero. Las compañías anticiparon un ajuste regulatorio que no entró en vigor hasta julio. El gobernador Newsom y sus críticos mantienen un debate político sobre el impacto de las normas climáticas.

«El error que nadie detectó»

Según fuentes anónimas del sector, las refinerías incorporaron en enero un sobrecoste de 5-8 céntimos por galón, pese a que la normativa sobre combustibles bajos en carbono (LCFS) no entró en vigor hasta el 1 de julio. La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) confirmó el cálculo, pero defendió que el programa «funciona como se esperaba».

El trasfondo político

Republicanos y algunos demócratas habían acusado a Newsom de «encarecer la gasolina con impuestos climáticos». El gobernador negó que los precios subieran 65 céntimos como preveían críticos, pero no mencionó el sobreprecio anticipado. Mientras, la petrolera Chevron lanzó una campaña publicitaria contra la norma.

Un fallo administrativo

El servicio de precios OPIS incluyó el ajuste en enero al asumir que la norma sería retroactiva. Cuando CARB aclaró en mayo que entraría en vigor en julio, ya se habían cobrado 7 céntimos extra por galón durante cinco meses. La Comisión de Energía estatal investiga el caso para «resolverlo de forma justa».

California, entre la clima y el bolsillo

El estado tiene los precios de combustible más altos de EE.UU., con un impuesto de 61 céntimos por galón y dos programas de comercio de emisiones. En 2022, llegaron a 6,44 dólares por galón. El LCFS, que fija límites de carbono y permite comprar créditos, es ahora una de las pocas políticas climáticas intactas tras vetos de Trump.

Un debate que sigue sin cerrarse

El episodio refleja la brecha entre la retórica política y la realidad económica. Analistas como Danny Cullenward prevén subidas mayores a largo plazo (1,50 dólares para 2035), mientras el gobierno insiste en que el mercado absorberá los costes. Mientras, los conductores ya han pagado 300 millones de más.