Alcaldía de Santa Cruz afirma haber pagado a trabajadores de salud y rechaza protestas
El municipio asegura estar al día con salarios y bonos del sector. Los sindicatos mantienen reclamos por contratos y deudas de otras instancias gubernamentales. La tensión surge en medio de una alerta sanitaria por sarampión en la región.
«No hay justificativo para el paro»: la postura municipal
Bernardo Montenegro, vocero de la Alcaldía de Santa Cruz, declaró que todos los pagos a trabajadores de salud se realizaron el 14 de julio. «El primer y segundo nivel no tendrían motivos para protestar contra el municipio», afirmó. Insistió en que los reclamos pendientes corresponden al gobierno departamental o nacional.
Advertencia por impacto ciudadano
Montenegro calificó las protestas como «desatinadas e irresponsables» debido a la alerta epidemiológica por sarampión. «El perjudicado es el ciudadano, no las instituciones», subrayó. El municipio confirmó estar al día con salarios, bonos y obligaciones específicas del sector.
Los trabajadores no bajan la guardia
La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (FESIRMES) suspendió inicialmente un paro de 24 horas tras ser convocada a diálogo. Sin embargo, Christian Ulrich, su secretario urbano, denunció que más de 5.000 contratos están en riesgo por incumplimientos en pagos y condiciones laborales.
Un historial de reclamos
El sector salud protesta recurrentemente por deudas salariales, falta de reposición de personal y carencia de especialistas. Los trabajadores exigen solución a problemas estructurales que, según ellos, afectan la calidad del servicio.
Deudas que se arrastran
El conflicto refleja la fragmentación de responsabilidades en el sistema de salud boliviano. Mientras la Alcaldía cruceña niega adeudos propios, los sindicatos señalan que las deudas acumuladas por otras instancias estatales profundizan la crisis. El sarampión agrega urgencia a la disputa.
Diálogo en jaque
La mesa de negociación entre FESIRMES y el municipio podría definir si las protestas se reactivan. La situación sigue en vilo, con trabajadores exigiendo garantías y autoridades descartando responsabilidad local.
