Fiscalía investiga denuncia de magistrada en el caso Consorcio
Ocho personas son investigadas por presuntas maniobras para destituir magistrados. La Fiscalía de La Paz levantó la reserva del caso y amplió la investigación a una denuncia de la decana del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez. Tres imputados están detenidos preventivamente.
«Un golpe a la democracia judicial»
El fiscal Luis Carlos Torrez confirmó que el caso Consorcio ya no tiene reserva, tras considerar que su ampliación no era «pertinente». «La opinión pública ahora tiene acceso a los hechos procesales», declaró. La investigación incluye presuntos intentos de destituir a magistrados electos, como la titular de Tarija, Rosmery Ruiz Martínez.
Detenciones y nuevas citaciones
Tres imputados cumplen prisión preventiva: el juez Fernando Lea Plaza (6 meses), el exministro César Siles (5 meses) y la exvocal Claudia Castro (4 meses). Otros cuatro, incluido el magistrado suplente Iván Campero, tienen arresto domiciliario. Además, se citó como testigos a Samuel Mita y Edwin Altamirano por la denuncia de Ruiz Martínez.
La trama detrás del caso
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, detalló que el exministro Siles habría coordinado acciones para inhabilitar a la magistrada Fanny Coaquira y favorecer a Campero, quien no obtuvo votos suficientes en las elecciones judiciales. «Fue un ataque al Órgano Judicial a título personal», subrayó Saucedo, descartando implicación del Gobierno.
Una amenaza a la institucionalidad
El caso surgió en junio de 2025 tras una acción legal que buscaba destituir a magistrados electos. Saucedo advirtió que se intentó replicar estas maniobras contra otros tribunos, afectando la estabilidad democrática. Las investigaciones continúan con nuevas declaraciones y pruebas.
Justicia bajo escrutinio
El desarrollo del caso Consorcio marcará un precedente sobre la independencia judicial en Bolivia. La Fiscalía deberá determinar si existió una red organizada para vulnerar el sistema de elección popular de magistrados.
