La economía limita la participación política de mujeres en Bolivia
El 5% del financiamiento público para formación política de mujeres no se traduce en apoyo real. Un informe revela que la crisis económica y las tareas de cuidado no redistribuidas reducen su acceso a espacios de decisión. Presentado este 14 de julio en La Paz por Oxfam y la Coordinadora de la Mujer.
«La política se vuelve un lujo sin garantías materiales»
El informe “La paridad en tiempos de crisis” detalla que las mujeres financian sus carreras políticas con recursos propios, agravado por la falta de financiamiento público directo. “Participar en política sin recursos es hacerlo en desventaja”, afirma una entrevistada. La doble jornada laboral y de cuidados profundiza esta brecha.
El peso invisible de los cuidados
Las tareas de cuidado, aumentadas durante la recesión, restan tiempo y energía para el activismo político. El informe denuncia que “la política no reconoce las otras vidas que llevamos las mujeres”, especialmente madres o cuidadoras. La ausencia de servicios estatales de cuidado obliga a elegir entre la vida privada y la participación pública.
Soluciones desde la raíz
Entre las propuestas destacan financiamiento directo a candidatas, sistemas públicos de cuidado y redistribución corresponsable de tareas domésticas. También se pide evaluar el impacto de género en políticas públicas y valorar el tiempo como recurso político. Las redes de apoyo entre mujeres son clave para sostener su participación.
Una democracia en riesgo
Bolivia enfrenta desde 2020 una crisis económica que trasladó funciones estatales al ámbito doméstico, recayendo principalmente en mujeres. Las elecciones generales de 2025 podrían acentuar esta desigualdad si se recortan presupuestos de género, advierte el informe.
Paridad sin redistribución es inclusión vacía
El documento concluye que la igualdad material es indispensable para una democracia real. Sin medidas estructurales, la participación femenina seguirá dependiendo de voluntad individual, no de condiciones equitativas. Oxfam y la Coordinadora de la Mujer insisten en que el Estado debe garantizar estos mínimos.
