Grupos europeos de privacidad demandan a Big Tech con acciones colectivas
La Directiva de Acción Colectiva de la UE y el GDPR podrían generar multas millonarias. Organizaciones como NOYB y SOMI lideran demandas contra Meta, TikTok y Microsoft por violaciones de datos. Los casos buscan compensaciones masivas tras un fallo reciente que estableció indemnizaciones de 400€ por afectado.
«El talón de Aquiles de la UE»: la batalla por compensaciones
Organizaciones europeas como NOYB (Austria), SOMI (Países Bajos) y el Consejo Irlandés de Libertades Civiles están utilizando la Directiva de Acción Colectiva —vigente desde 2020— para demandar a gigantes tecnológicos. Ursula Pachl, de NOYB, afirma que este mecanismo es clave porque «todos en Europa sufren el mismo daño cuando una empresa viola el GDPR».
Un precedente peligroso para las tecnológicas
El caso de Thomas Bindl, que obtuvo 400€ de indemnización por un enlace de Facebook en una web de la Comisión Europea, estableció un estándar. Abogados como Guillaume Couneson advierten del «efecto multiplicador» si millones reclaman la misma cantidad.
De Irlanda a Europa: el desafío legal
Irlanda, sede de muchas tecnológicas, ha aplicado limitaciones históricas a las acciones colectivas, como prohibir financiación externa y fijar contribuciones máximas de 25€ por persona. NOYB ya ha denunciado estas barreras ante la Comisión Europea.
El papel de los reguladores nacionales
La Autoridad Irlandesa de Protección de Datos (DPC) ha impuesto multas récord (como los 1.200 millones a Meta), pero críticos como NOYB la acusan de «lentitud y indulgencia». Un informe de 2023 reveló que el 67% de sus decisiones fueron modificadas por otros reguladores europeos.
Un sistema en construcción
La Directiva de Acción Colectiva nació tras el escándalo de emisiones de Volkswagen para proteger a grupos de consumidores. Aunque países como Países Bajos y Bélgica tienen tradición en este ámbito, otros estados miembros aún carecen de mecanismos claros.
¿Un cambio de juego para la privacidad?
El éxito de estas acciones dependerá de su implementación, especialmente en jurisdicciones clave como Irlanda. Mientras, las tecnológicas enfrentan un nuevo frente legal en Europa, donde el GDPR ya ha demostrado su rigor.
