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Dispositivo ‘Mosquito’ ahuyenta jóvenes con sonidos de alta frecuencia

El aparato emite un zumbido de 17 kilohertz solo audible para menores de 25 años, generando debate por su uso en espacios públicos y posibles violaciones a derechos humanos.
xataka.com

Dispositivo «Mosquito» ahuyenta a jóvenes con sonidos de alta frecuencia

El aparato emite un zumbido de 17 kilohertz solo audible para menores de 25 años. Se usa desde 2005 en Europa, EEUU y Japón para evitar vandalismo en espacios públicos. Su implementación genera debate por posibles violaciones a derechos humanos.

«Un silbido que divide generaciones»

El Mosquito, creado por el ingeniero británico Howard Stapleton en 2005, emite un sonido pulsante entre 75-80 decibelios, similar a un tinnitus. «No es doloroso, pero sí lo suficientemente irritante como para que los jóvenes se vayan», explicó su inventor. El dispositivo se probó primero en una tienda de Gales, reduciendo conflictos con adolescentes en un 90%.

De Barry a Tokio: expansión global

En 2009, el distrito de Adachi (Japón) instaló el Mosquito en el parque Kitashikahama tras gastar 3 millones de yenes en reparar vandalismo. Melc Co Ltd, empresa japonesa, lo adaptó para estaciones de tren, donde los jóvenes aceleran el paso al escucharlo, mientras adultos no lo perciben.

Entre la eficacia y la polémica

Organizaciones como Liberty denuncian que el dispositivo viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bélgica lo prohibió y Francia falló en contra de su uso, mientras Reino Unido lo mantiene. Stapleton defiende que «no criminaliza a los jóvenes, sino al comportamiento disruptivo».

Un ruido con historia

El invento surgió cuando Stapleton recordó un sonido insoportable que escuchó de niño en una fábrica. Tras años de pruebas con frecuencias, diseñó el Mosquito para disuadir sin confrontación. Japón lo adoptó como solución sistemática, aunque su uso exacto sigue sin cifras oficiales.

¿Vigilancia o discriminación?

El debate sigue abierto: mientras comerciantes y autoridades valoran su efectividad, críticos lo consideran una herramienta de control social discriminatorio. Sin regulación global, su futuro dependerá de balances entre seguridad pública y derechos fundamentales.