Corte Interamericana condena a Colombia por violar derechos del pueblo U’wa
El fallo histórico reconoce violaciones ambientales y culturales tras 27 años de lucha. La sentencia obliga al gobierno colombiano a titular tierras y revisar proyectos extractivos en territorio indígena. La decisión se anunció en diciembre de 2024 pero aún espera implementación.
«La tierra es sagrada y no puede ser explotada»
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Colombia vulneró 10 derechos fundamentales del pueblo U’wa, incluidos acceso a un ambiente sano, propiedad colectiva y participación cultural. «Es un precedente para denunciar futuras violaciones», declaró el abogado indígena Juan Gabriel Jerez Tegria. El gobierno tiene dos años para cumplir medidas de reparación.
Conflictos por recursos naturales
Desde los años 90, empresas como Occidental Petroleum (OXY) y Ecopetrol operaron en territorio U’wa sin consentimiento libre e informado. Pese a fallos locales favorables en 1997, los proyectos extractivos continuaron. La CIDH ordenó ahora revisar actividades en bloques petroleros Sirirí y Catleya, además de un gasoducto operado desde 2012.
Una batalla generacional
Heber Tegria Uncaria, portavoz U’wa, recordó que «el petróleo es la sangre de nuestra Madre Tierra». La comunidad agotó instancias judiciales nacionales antes de acudir a la CIDH en 1997. Juliana Bravo, de EarthRights International, destacó que el fallo «devuelve la fe en la justicia tras décadas de lucha».
Superposición con parque nacional
El territorio U’wa se solapa con el Parque Nacional El Cocuy y ecosistemas de páramo. La sentencia exige incluir a los indígenas en la gestión del área protegida, respetando su cosmovisión. Dejusticia resaltó que este caso sienta un precedente para otros pueblos originarios en la región.
Cuando la justicia tarda casi tres décadas
Los U’wa habitan cinco departamentos colombianos y resisten proyectos extractivos y turísticos desde 1990. En 2005, el gobierno autorizó bloques petroleros pese a rechazo indígena, y en 2008 concedió minas de carbón en su territorio. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aceptó el fallo, pero no ha fijado plazos concretos para su cumplimiento.
La victoria en papel y el desafío de implementarla
Organizaciones acompañantes supervisarán que Colombia cumpla las medidas antes de los plazos fijados (un año para el acto de reconocimiento de responsabilidad y dos para titulación territorial). Tegria advirtió: «Es un triunfo judicial, pero debemos exigir su materialización». El caso evidencia los retos estructurales para armonizar desarrollo económico y derechos indígenas.
