Tribunal Agroambiental advierte que avasallamientos ponen en riesgo el estado de derecho
Más de 20 personas fueron liberadas tras un avasallamiento violento en Santa Cruz. El Tribunal alertó que estos actos amenazan la seguridad jurídica y el medio ambiente. Ocurrió en el predio Santa Rita, donde invasores construyeron puentes para ingresar ilegalmente.
«Un ataque a los pilares del Estado de Derecho»
El Tribunal Agroambiental emitió un comunicado (017/2025) donde afirma que los avasallamientos «socavan directamente la paz social y los derechos fundamentales». Destacó que estas acciones violan no solo la propiedad privada, sino también derechos interdependientes como la vida, la integridad física y el medio ambiente. La reserva forestal de Guarayos, donde ocurrió el hecho, es un área protegida.
Detalles del conflicto
Un grupo armado invadió el predio Santa Rita, secuestrando temporalmente a los dueños y trabajadores. Los invasores construyeron puentes precarios para acceder al terreno, según imágenes de Unitel. La copropietaria Melissa Barba confirmó que, tras la liberación, los afectados permanecerán en el lugar para continuar con la siembra.
Acciones legales en marcha
El Tribunal anunció que actuará «en el marco de la Constitución y la Ley 477» para garantizar la seguridad jurídica. Subrayó que los avasallamientos pueden derivar en daños ambientales graves, como deforestación o contaminación, afectando a toda la población.
Antecedentes: Una crisis recurrente
Los avasallamientos a propiedades privadas y áreas protegidas han sido un problema persistente en Bolivia, especialmente en regiones como Santa Cruz. El Tribunal Agroambiental insiste en que estos actos reflejan una crisis que debilita las instituciones y los derechos colectivos, vinculados a la tenencia de tierras y la protección ambiental.
Un llamado a la acción institucional
El Tribunal reiteró su compromiso de aplicar las normas vigentes para proteger a los propietarios y al medio ambiente. Sin embargo, el impacto real de estas medidas dependerá de su ejecución efectiva, en un contexto donde los avasallamientos siguen siendo un desafío para la seguridad jurídica en el país.
