Abogados denuncian retardación judicial en caso del Fondo Indígena tras 10 años
El daño económico supera los 700 millones de dólares. A una década del escándalo, el juicio oral no tiene fecha y los abogados critican la injerencia política durante el gobierno de Morales. La Fiscalía acusó en 2024 a 14 implicados, pero el proceso está paralizado.
«Una década de justicia estancada»
Los abogados de las partes coinciden en señalar la lentitud del sistema judicial. Héctor Castellón, representante del fallecido Marco Aramayo, afirmó que «hubo injerencia del gobierno de Evo Morales para proteger a dirigentes beneficiados». Eduardo León, abogado de Rafael Quispe, cuestionó que no se conozca el monto recuperado ni el daño económico exacto.
Acusaciones y estancamiento
En mayo de 2024, el Ministerio Público formalizó la acusación contra 14 personas, incluida la exministra Nemesia Achacollo, por el desvío de fondos en 153 proyectos no ejecutados. Sin embargo, el Juzgado Anticorrupción 12 de La Paz no ha remitido los antecedentes al tribunal de sentencia, dejando el caso en suspenso.
De los millones a la nebulosa
Según Castellón, 200 millones de dólares siguen sin explicación. León, por su parte, señaló que el daño real asciende a más de 700 millones, superando los 102,2 millones de bolivianos reconocidos inicialmente. «Es una afrenta a la población», declaró Castellón, quien calificó la investigación de «burla» por su falta de avances en 10 años.
Un fondo que no llegó a su destino
El Fondo Indígena fue creado para financiar proyectos de desarrollo en comunidades originarias, pero en 2015 estalló el escándalo por desvíos millonarios. Durante el gobierno de Morales, se señaló que dirigentes afines y funcionarios habrían beneficiado a allegados, aunque las investigaciones avanzaron con lentitud.
Elecciones y justicia pendiente
El caso resurge en medio de un cambio de gobierno y críticas por su posible uso político. Sin fecha para el juicio oral y sin recuperación de fondos, la impunidad sigue marcando uno de los mayores escándalos de corrupción en Bolivia.