Ministro denuncia complot en BoA con sustracción de carga

El ministro Montaño revela una red criminal en BoA que sustraía carga y vendía boletos irregularmente. Altos funcionarios estarían implicados.
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Ministro denuncia complot en BoA con sustracción de carga y boletos

Una «organización criminal» operaba en la aerolínea estatal, según el Gobierno. Se investiga sustitución de equipos por galletas y venta irregular de boletos. El ministro Montaño asegura que altos funcionarios están involucrados.

«Los estamos agarrando uno a uno»

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, acusó este viernes que altos cargos de Boliviana de Aviación (BoA) participaban en un «complot contra el Gobierno». Según el reporte estatal, la red intercambiaba carga de EEUU —como equipos electrónicos por cajas de galletas— y manipulaba precios de boletos. «Fueron hallados infraganti», afirmó.

Detalles de las irregularidades

La investigación reveló que 13 cajas con 909 kilos de carga legal fueron sustituidas en un vuelo a Brasil. También se detectó que personal de BoA facilitó descuentos ilegales a agencias de viaje, perjudicando económicamente a la empresa. Naabol (autoridad aeronáutica) identificó a tres operarios de BoA y un funcionario de Aduana implicados.

Reacciones institucionales

La Aduana Nacional aclaró que BoA es responsable de clasificar la carga y presentó una querella por contrabando. Montaño insistió en que «no habrá encubrimiento» para los involucrados, independientemente de su rango. Las pesquisas están coordinadas entre BoA, Naabol y su ministerio.

Antecedentes: Una aerolínea bajo sospecha

BoA, la aerolínea estatal boliviana, ha enfrentado múltiples denuncias por mal manejo en los últimos años. Este caso se suma a irregularidades previamente reportadas, como el uso indebido de repuestos de aviones. El Gobierno insiste en que las investigaciones buscan «limpiar» la institución.

Un asunto que aún tiene vuelo

Las implicaciones económicas y políticas del caso dependerán de los resultados de la Fiscalía. Mientras, el Ejecutivo mantiene su discurso de combate a redes internas, aunque la oposición cuestiona la gestión de la empresa estatal.