Trump pierde cuatro casos judiciales por órdenes ejecutivas contra bufetes
Ocho firmas legales pactaron con el gobierno ofrecer servicios «pro bono» por 1.000 millones de dólares. Los tribunales han anulado las órdenes que penalizaban a bufetes por contratar abogados críticos con el expresidente. La estrategia de Trump genera críticas en el sector legal y fugas de socios en las firmas acuerdistas.
«Un error de cálculo con consecuencias»
Cuatro bufetes desafiaron las órdenes ejecutivas de Trump y ganaron en los tribunales federales, mientras ocho firmas optaron por negociar. Estas últimas «subestimaron el daño reputacional», según fuentes del sector. Jueces nombrados por republicanos calificaron las medidas de «represalia por libertad de expresión», citando documentos oficiales de la Casa Blanca.
Repercusiones inmediatas
Las firmas acuerdistas enfrentan pérdida de clientes y talento. En Paul, Weiss, al menos 10 socios abandonaron la firma, incluida Karen Dunn, exasesora de Kamala Harris. Estudiantes de derecho evitan contratarse en estos bufetes, según el texto. «Tener a Paul, Weiss en el currículum ahora es un lastre», señaló una figura demócrata.
Incógnitas legales
Los acuerdos podrían violar estatutos federales contra corrupción, al intercambiar servicios legales por beneficios gubernamentales. Aunque es improbable una investigación bajo Trump, demócratas como Jamie Raskin ya indagan los pactos. La Corte Suprema podría rechazar un eventual recurso, dada la postura crítica de los jueces hasta ahora.
Cuando la política entra por la puerta, la ética sale por la ventana
Trump firmó las órdenes en 2025 alegando que bufetes como WilmerHale perjudicaban su gobierno con políticas de diversidad o contratación de abogados críticos. Las firmas negociadoras argumentaron riesgo «existencial», pese a su solvencia económica. Cuatro se negaron y demostraron en tribunales que las medidas eran inconstitucionales.
Un capítulo que aún no cierra
El gobierno no ha asignado casos «pro bono» a las firmas, pero podría hacerlo. Si lo hace, las enfrentará a elegir entre ceder nuevamente o desafiar a Trump. Mientras, las sentencias judiciales sentaron un precedente que debilita futuras órdenes similares. El costo político y legal ya es tangible para ambas partes.
