El Tribunal Supremo de EE.UU. bloquea temporalmente la ley migratoria de Florida
La medida impide aplicar una norma que restringe la entrada de indocumentados al estado. El alto tribunal no explicó su decisión, pero mantiene paralizada la ley hasta resolver el litigio. Grupos proinmigrantes celebran el fallo como una victoria temporal.
«La Constitución deja la inmigración en manos federales»
El Tribunal Supremo rechazó por ahora la solicitud de Florida para aplicar su polémica ley migratoria, aprobada en febrero por el gobernador Ron DeSantis. La norma prohibía la entrada al estado de personas sin autorización legal en EE.UU. Bacardi Jackson, directora de la ACLU en Florida, afirmó que el fallo «reafirma lo que exige la Constitución: que la aplicación de las leyes migratorias es competencia federal».
Un pulso legal en marcha
La jueza federal Kathleen Williams dictaminó en abril que la ley probablemente violaba la legislación migratoria federal. Un tribunal de apelaciones respaldó su decisión, y el mes pasado Williams halló en desacato al fiscal general estatal, James Uthmeier, por ordenar aplicar la ley pese a la prohibición judicial. Uthmeier alegó que la paralización «daña irreparablemente a Florida» frente a la «oleada de inmigración ilegal».
Otras estados en la mira
Al menos seis estados han aprobado normas similares en los últimos años, pero varias han sido bloqueadas por interferir con las competencias federales. El Tribunal Supremo, que en el pasado avaló medidas duras del expresidente Trump contra la inmigración ilegal, podría revisar el fondo del caso más adelante.
Una batalla con raíces profundas
El conflicto refleja la tensión histórica entre estados y gobierno federal sobre el control migratorio. Florida, bajo el liderazgo de DeSantis, ha impulsado políticas restrictivas, mientras grupos defensores insisten en que solo Washington puede regular el tema.
La pelota sigue en el aire
El fallo mantiene en suspenso una ley controvertida, pero no resuelve el debate de fondo. Su futuro dependerá de cómo avance el litigio y de si el Tribunal Supremo decide pronunciarse sobre el conflicto entre competencias estatales y federales.
