Diputados opositores inician vigilia contra contratos de litio en Bolivia
Legisladores exigen que las sesiones se realicen en Potosí. La protesta surge tras el intento de tratar los acuerdos con empresas extranjeras en La Paz. El conflicto refleja la tensión por la explotación de recursos estratégicos.
«No nos vamos a ir»: la resistencia toma forma
Diputados de oposición instalaron una vigilia en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados. «Hemos sido tolerantes, pero no permitiremos más atropellos», declaró la diputada Lissa Claros (CC). La medida busca frenar la aprobación de contratos con una empresa rusa para explotación de litio.
Exigencias concretas
Los legisladores, principalmente potosinos, demandan que las sesiones se realicen en Potosí. «Mientras no saquen un comunicado oficial con día y hora, no nos moveremos», afirmó Claros. El conflicto escaló tras el intento de tratar el contrato el miércoles pasado sin cumplir este requisito.
La voz de Potosí: más allá del Legislativo
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) advirtió con movilizaciones en La Paz si los contratos se aprueban. «El Gobierno quiere irse con los bolsillos llenos y regalando nuestros recursos», denunció Milton Huanca, vicepresidente del Comcipo. Critican impactos ambientales y opacidad en los acuerdos.
Los contratos en disputa
Los documentos polémicos involucran a empresas rusa (Uranium) y china. La oposición alega que vulneran la soberanía sobre recursos no renovables y carecen de consulta a las comunidades afectadas.
El litio: entre la oportunidad y el conflicto
Bolivia alberga una de las mayores reservas mundiales de litio, mineral clave para baterías eléctricas. Desde 2020, el gobierno impulsa alianzas con empresas extranjeras para su explotación, generando recurrentes tensiones con regiones productoras y sectores críticos.
Un pulso que define el futuro energético
El desenlace de esta pugna marcará el modelo de explotación del litio boliviano. Mientras el oficialismo apuesta por acuerdos internacionales, la oposición y organizaciones sociales exigen mayor control local y transparencia en los procesos.
